CAMBIO POSITIVO DE LAS ELECCIONES
Por Peloecaña
Soy consciente de que la propuesta que a continuación formulo es utópica y
su viabilidad escasa, casi nula, pero es la solución definitiva para que haya
gobernabilidad y la democracia sea, de verdad, el poder para el pueblo.
Si, actualmente, a los candidatos a las alcaldías la ley les exige
depositar, al momento de su inscripción ante la Registraduría Municipal, el texto
de un programa de gobierno que ha de ser la carta de navegación a cumplir
durante su mandato, y el único propósito cierto de esa exigencia es
instituir la causal de la revocatoria del mandato, en caso de
incumplimiento, ¿por qué no repetir la misma exigencia para los aspirantes
inscritos a gobernaciones y a la presidencia de la República?
Dicho programa ha de ser absolutamente claro, sin ambigüedades, ni
posibilidad de interpretaciones etéreas y gaseosas.
Por ejemplo, el candidato debe asumir el serio e ineludible compromiso de
gobernar con los más honestos y los más capaces, escogidos exclusivamente de
entre sus electores.
También debe obligárseles a efectuar un inventario riguroso, minucioso y
cierto de las condiciones en que reciben de su antecesor, la nación, en lo
atinente a la hacienda pública, a los compromisos no cumplidos, al orden
público, a las relaciones internacionales, al narcotráfico, a los niveles de
corrupción, etc., etc.
Debe ser explícito el programa en la adopción de las acciones a realizar,
para la disminución y extinción de los cultivos y actividades ilícitas, métodos
a utilizar para conseguir esos propósitos, y tiempo señalado para cumplir esas
metas.
En materia tributaria y presupuestal, la claridad del programa será
meridiana.
Sus relaciones con los demás poderes públicos también deben formar parte de
esas propuestas y serán expuestas ante los electores para que el respaldo
popular implique pleno conocimiento de causa.
Y como dicen los legisladores, y los demás que señalen la Constitución y la
ley.
Cuando la palabra empeñada y la realidad programática no se cumplan,
ese incumplimiento será causal plena de revocatoria del mandato.
Elaborado el programa, acogido por los electores, asumido por el
aspirante el compromiso de respetarlo y cumplirlo, e inscrito y depositado ante
las autoridades electorales, nadie podrá llamarse a engaño.
Ahora viene la parte novedosa de mi propuesta que, desde luego y como
observara tan atinadamente Emilio, es la consolidación del sistema
presidencial.
Si todos los candidatos presidenciales, al momento de inscribir su
candidatura, también inscriben una única lista cerrada de aspirantes al
Congreso, Senado y Cámara, cuya adhesión al programa del aspirante a asumir el
gobierno nacional produzca los mismos efectos para ellos, la gobernabilidad
estaría garantizada y la democracia se fortalecería.
Las curules se adjudicarían de acuerdo con el número de votos obtenidos por
cada candidato presidencial, de manera proporcional y conforme con los votos
válidos obtenidos en la primera vuelta, en el orden riguroso en el que
aparezcan en la lista, hasta que se copen todos los reglones, que cada
corporación exige.
La Constitución dice que en su artículo 13º: "Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica"-
"El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados",
"El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas
se cometan".
Si nos atenemos a la norma transcrita, la circunscripciones especiales no debieran
existir. Que los candidatos presidenciales incluyan en sus listas, en renglones
elegibles, candidatos de las etnias y de las minorías políticas.
Como las FARC no son sujetos de Derecho Internacional Público, lo pactado
en La Habana no reforma la Constitución y, desde luego, las curules de las que
gozan son absolutamente espurias.
Si mi propuesta utópica fuera acogida, se podría ampliar a las votaciones regionales y locales y los dineros utilizados en las elecciones de
Senadores, Representantes, Diputados y Concejales se deberían gastar en
ejecutorias de interés general.
Si mi propuesta fuera viable, se acabaría la mermelada y la polarización del país.