LA  LIBERTAD Y EL ORDEN

Por Peloecaña

Es imposible excluir estos valores históricos, esencia de toda democracia, pero cuando se abusa de cualquiera de ellos, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se falsea y deja de ser lo que debiera ser, para convertirse en anarquía y dictadura.

La epidemia universal, que por estos días azota la humanidad entera, nos ha permitido recabar en la práctica y revisar con satisfacción, que cuando de cuidar la vida, de todos los asociados, la prioridad uno A es el ORDEN por encima de cualquier valor, inclusive el de la Libertad.

En la palestra universal se enfrentaron dos conceptos, dos valores de la sociedad, en torneo no declarado, pero sin duda existente.

Al comienzo del brote de coronavirus, los países europeos y los Estados Unidos creyeron que el mantenimiento de todas las libertades existentes no eran incompatibles con la acción letal del virus, y mantuvieron la llave abierta, nada de control ni imposición del orden.

El resultado fue evidente, patético,  cientos de miles de contagiados y decenas de miles de muertos, en Francia, España, Italia, Alemania y en América, los EE.UU. y Brasil,  total respeto a la libertad, y esos países pagaron con creces el respeto a las normas de comportamiento social, porque no había que conculcar la libertad de reunión, de movilidad, manifestaciones colectivas en estadios, supermercados, calles y avenidas, sitios públicos, etc., etc., etc.

La lógica y la tozudez de los hechos obligaron a los gobernantes de esos Estados a constreñir la libertad y se tomaron drásticas medidas de orden: la cuarentena; los estadios vacíos; las calles y avenidas con tráfico vehicular y peatonal limitados; el distanciamiento personal; la rumba colectiva. En fin,  la libertad cedió ante el orden, para que prevaleciera el más esencial de los derechos, el Derecho a la vida y a la salud buena, y los resultados no se hicieron esperar, freno a los decesos causados por el enemigo común, el temible y funesto virus originario de la China.

Los miembros de la Asamblea Nacional Francesa, amigos de Robespierre y  Marat, Danton, girondinos y jacobinos, dejaron para la posteridad su mensaje imborrable, Libertad, Igualdad y Fraternidad; en la Revolución Francesa no cupo el concepto Orden.

En Colombia, los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador y todas sus herencias políticas nacieron del culto, sin ambages, a la Libertad, los sucesores del santanderismo; y los que quisieron perpetuar las ideas bolivarianas consideraron que la libertad sin orden no es libertad, es libertinaje.

No obstante, y aunque parezca paradójico, el Escudo que hoy tenemos como uno de los símbolos de nuestra nacionalidad, junto con la Bandera y el Himno Nacional, fue creado mediante la Ley 3 del 9 de mayo de 1834, siendo Presidente de la República el General Francisco de Paula Santander, y con él  su lema impreso en una cinta que lleva en el pico el Cóndor de los Andes, que reza: LIBERTAD Y ORDEN.

El orden y la sociedad: Los tradicionalistas, Conservadores, desde la fundación del Partido consideran que el ORDEN es la piedra angular de la sociedad: Orden político, Orden social, Orden económico, Orden familiar, todo, para conservar la estabilidad contra el desorden.

El conservatismo considera que el Orden en la sociedad está  inexorablemente atado a la AUTORIDAD; es decir al Poder y al Gobierno.

El conservatismo y la libertad racional: El conservatismo defiende y propugna por la Libertad Racional en todos sus aspectos: la libertad contra la opresión; contra el despotismo monárquico; militar y demagógico; literario. Por eso los fundadores del Partido se opusieron a la libertad desbordada, que se traduce en libertinaje y vandalismo, el más seguro camino a la anarquía y defendieron la libertad controlada.

La pandemia del Coronavirus les dio la razón.

   

DE  LA DOBLE INSTANCIA PARA AFORADOS

Por Peloecaña

La Constitución otorgó un fuero especial para que algunos servidores públicos, que desempeñan cargos oficiales de preeminencia singular, que sean acusados y condenados por la comisión de conductas típicas punibles gocen del privilegio, si así se puede decir, de tener jueces especiales, concretamente, la más alta de las corporaciones encargadas de administrar justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ese privilegio había tenido hasta ahora un precio, que privaba a los enjuiciados y condenados de ejercer el derecho a una instancia superior, que revisara sus condenas.

Pues bien, el Congreso de Colombia estudió, debatió y convirtió en modificación constitucional un Acto Legislativo, reformatorio de la Carta de 1991, el número 1, del 18 de enero de 2018, "Por  medio del cual se modifican los artiículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria".

Esa reforma constitucional está en plena vigencia y su cumplimiento y observancia, no es discrecional, está en pleno vigor y es de obligatorio cumplimiento, no es un evento gracioso ni una regalía y menos una dádiva generosa.

Como el acto legislativo cumple con el principio tutelar jurídico, que señala que las normas legales deben ser generales, impersonales y abstractas, no hay que perder el tiempo, ni gastar ríos de tinta u horas de micrófono y pantalla para discernir, de manera torticera, los riesgos de la aplicación de la doble instancia.

La nueva oportunidad procesal hay que concederla a quien la impetre, siempre y cuando sea aforado y condenado en primera instancia por su juez natural.

¿Quiénes son los aforados? pues estos: El Presidente de la República o quien haga sus veces; los miembros del Congreso; los Magistrados de las altas cortes; el Fiscal General de la Nación; el Vicefiscal, sus Delegados ante las Cortes y el Consejo de Estado y ante los Tribunales; los Ministros del Despacho; los Directores de Departamentos Administrativos; el Procurador General; el Contralor General; los embajadores y jefes de Misión Diplomática o Consular; los Gobernadores; los Magistrados de Tribunales y los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.

Ellos todos, sin excepción, tienen derecho a la doble Instancia, de que trata el Acto Legislativo Nº 1 de 2018.

La discusión relacionada con la aplicación retroactiva de esta reforma constitucional es bizantina y sesgada, tramposa y de mala leche, porque se basa en la ignorancia deliberada y con dolo del texto del artículo 29º de la Carta Fundamental, que consagra el debido proceso, y que en su párrafo tercero reza: "En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva y desfavorable". Más claro, no canta un gallo.

Pero, como siempre, los periodistas de algunos medios hacen escándalo, presionan a los jueces competentes para conocer la tutela de Andrés Felipe Arias Leiva, dicen que si se concede la petición van a tener que medir a todos con el mismo rasero. Pues claro que sí, hay que medirlos a todos con el mismo metro y van a tener que acudir a excepcionales malabares y actos circenses para negar, en justicia, el derecho impetrado  y caminarían quienes así fallen, por la cuerda floja del prevaricato. 

Como cosa rara,  los comunicadores adversos a la concesión de la tutela, enumeran a otros aforados con la sentencia a favor del exministro Arias; coincidencialmente todos conservadores y uribistas. ¡Dios nos tenga de su mano!

Para terminar, me atrevo a hacer una observación respetuosa a quienes presentaron un proyecto de ley, consagrando la retroactividad de la aplicación del Acto Legislativo Nº 1  de 2018. 

Eso es improcedente e impertinente, y solo da munición a los enemigos del doctor Álvaro Uribe Vélez y perjudica gravemente los intereses judiciales del más pulcro, cristalino, diáfano y brillante de todos los ministros de El Gran Colombiano, el doctor Andrés Felipe Arias Leiva.

LA DESFACHATEZ DE LOS VIOLADORES DE  DERECHOS HUMANOS

Por Peloecaña

Ahora resulta que algunos, de los que sin título ni credencial válidos, se sientan en curules de la Cámara y del Senado, para legislar y hacer control político a nombre de las Farc, gracias a los Acuerdos de La Habana, que no tuvieron vida jurídica porque el resultado vigente del plebiscito, efectuado el 2 de octubre de 2016, impidió su viabilidad, reclaman a los tribunales internacionales y al gobierno legítimo de Colombia, por la ineficacia del Estado para garantizar la vida e integridad de algunos de los reinsertados.

¿Acaso las Farc se olvidan del exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, ejecutado material e intelectualmente por esa guerrilla criminal?

¿Tienen duda los parlamentarios de la guerrilla comunista y narcotraficante que las mal llamadas disidencias, instauradas por su mismo partido para burlarse también de los acuerdos apátridas pactados en La Habana, que nunca tuvieron vida jurídica por voluntad popular, son los ejecutores de la eliminación de reinsertados y "líderes" sociales?

Los mismos que durante décadas masacraron colombianos y extranjeros, secuestraron, violaron, mutilaron, reclutaron menores, despojaron de sus bienes a sus legítimos propietarios, doblegaron y sojuzgaron a todo un pueblo, y hoy, en alarde de cinismo y desfachatez, denuncian la impotencia institucional del aparato militar, para proteger a sus secuaces y conmilitones y anuncian acudir a los tribuales y organismos internacionales, para exigir la protección de los derechos que siempre ellos nos negaron.

Desde luego, que eso que hoy reclaman para si las Farc y la guerrilla toda, durante decenios fueron  conculcados por ellos mismos sin rubor ni conmiseración.

¡Cuánta insolencia y cuánta inconsecuencia! pero esa actitud es impronta de su talante inhumano y febril, de su modus vivendi, de su práctica guerrillera, de su razón de ser.

Pero  más triste, aún,  es que haya colombianos, partidos políticos, entes sociales, ONGS, organismos  y jueces internacionales que aúpen ese comportamiento.

Pero tarde o temprano, la justicia justa y libre sentará sus reales en esta adolorida patria, tierra de tan buenos y eminentes compatriotas y, por desgracia, también tierra de tanto apátrida y tanto "payaso".

EL  HIPÓCRITA ESCÁNDALO DEL EJERCICIO DE LA INTELIGENCIA MILITAR

Por Peloecaña

Dijo Winston Churchill: "La inteligencia es una labor tan sucia, que solo puede ser llevada a cabo por hombres honorables".

El jurista alemán, Claus Roxin, quien ha sido tan laureado por  universidades de todo el mundo, y que ostenta más de veinte doctorados "Honoris Causa" y que, por fortuna, aún vive, enriqueció las disciplinas del Derecho, con su teoría, contenida en su enjundioso estudio conocido como "Teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder".

Tal teoría sostiene que el dominio del hecho es base para explicar quién tiene la condición de autor en un suceso delictivo. Según Roxin, su tesis ha de servir para imputar responsabilidad penal a altos mandos de organizaciones criminales, que no  intervinieron directamente.

Esa teoría, plenamente válida a la luz de la razón y de la lógica jurídica, ha sido fundamento para deducir responsabilidad penal a todos los jefes de la guerrilla y de los grupos criminales organizados, ejecutores de tanta depredación, así no hayan participado directamente en su ejecución.

Los grupos afines y defensores de la guerrilla colombiana, entre ellos, "el colectivo de abogados", tuvieron la habilidad, la audacia y el desafuero de ubicar las fuerzas institucionales del orden, es decir la Fuerza Pública, como una organización criminal más, para poder aplicarles la teoría de Roxin, a los comandantes de la tropa y de la policía, y sojuzgar así desde la oficialidad mayor toda, hasta el Ministro de Defensa y el Presidente de la República de turno, salvo durante el mandato de Santos. 

A esa campaña del colectivo de abogados se unió mas de un comunicador o periodista.

Todos los países y Estados de la tierra ejercen inteligencia contra sus reales o hipotéticos adversarios, interna o externamente. Todos los días nos informan de esos acaeceres; ignorarlo, es necio.

Si hay en Colombia personajes que si saben de la inteligencia estatal, son quienes han ejercido la dirección de la agencia oficial, DAS, Departamento Administrativo de Seguridad.

Pues, para perplejidad de todos, estas son las palabras de Ramiro Bejarano, que desde la dirección del ente público encargado de la inteligencia, a la que se refería Churchill, durante el mandato del más pulquérrimo de todos los gobernantes que en Colombia han sido, Ernesto Samper Pizano. Escribió Bejarano: "El espionaje contra periodistas y políticos sacude al Ejercito de Colombia y pone en jaque al Uribismo".

El expresidente Samper siempre escogió como sus colaboradores de confianza sujetos de su misma catadura moral.

El doctor Bejarano sí que sabe de eso; por algo fue el zar de la inteligencia durante años.

Hay periodistas expertos en demoler o intentar demoler prestigios bien ganados y en entronizar en la galería de personajes egregios, sujetos que no  lo merecen.

Hay onegés que utilizan su poder, de manera parcializada y subjetiva, aún a costa del sacrificio de la verdad.

Sugiero, respetuoso, algunas reformas o adiciones a la Constitución Política de Colombia, bien puntuales y ubicadas:

Adición al articulo 13º, de la igualdad de las personas ante la ley. Adición: "Los periodistas gozan de mayores prerrogativas  y privilegios de los señalados en el presente artículo, por pertenecer a una clase de condiciones superiores al común de las demás personas, y disfrutarán de tratamiento especial frente a la aplicación de la ley".

Artículo 20º, de la libertad de prensa. Adición: "La prensa es absolutamente libre, pero absolutamente responsable".

Para terminar, espero que los oficiales del ejército llamados a calificar servicios, por haber hecho inteligencia, le cuenten a Colombia si lo hicieron "motu proprio" o en cumplimiento de orden superior, para que se aplique la Teoría de Roxín, desde que el colectivo de abogados logró que el Ejército, nuestro glorioso Ejército, fuera homologado como una organización criminal.

Además, como espero que tan eficaces investigadores guardan copias de sus averiguaciones, pronto hagan público el resultado de las mismas.