EL  FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO Y PETRO

Por Peloecaña

Articulo 4º de la Constitución política de Colombia: "La Constitución es norma de normas. En caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales".

Aceptamos, sin reparo, que lo pactado en los Tratados y Pactos Internacionales tiene vigencia supraconstitucional, conforme a las normas del Derecho Internacional.

Aprovecho para reiterar que los Acuerdos de La Habana no constituyen pacto ni tratado internacional, por la carencia de personería de las FARC para suscribir tales documentos, ya que no son sujeto del Derecho Internacional.

Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos solo puede ser impuesta como pena proferida por sentencia de un Juez Penal.

¿Acaso el Procurador General de la Nación de Colombia no es Juez Penal disciplinario?

¿Quien con sustento jurídico válido puede negar la existencia del Derecho Penal Disciplinario, o sólo es de estricto cumplimiento y observancia el que las FARC impusieron en los monólogos de La Habana?

Dice el artículo 275º de nuestra Constitución: "El Procurador General es el supremo Director del Ministerio Público".

El artículo 277º numeral 6  le asigna al Procurador jurisdicción y competencia: "Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e interponer las respectivas sanciones conforme a la ley".

Si la Constitución señala la jurisdicción y la competencia al Procurador y lo faculta para imponer penas a los infractores investigados, es porque es Juez Penal Disciplinario, que se ocupa del Derecho Penal Disciplinario.

Así las cosas, las penas que impone las dicta en su condición de Juez Penal Disciplinario.

La Ley 734 del 5 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, es un estatuto que tiene una parte sustantiva y otra procedimental, que constituye todo el sistema penal disciplinario.

Dicha ley define quienes son los sujetos procesales disciplinarios, cuáles las conducta punibles, cuáles las penas a aplicar en cada caso y señala el procedimiento a seguir, para que se cumpla el debido proceso y se garanticen los derechos de los procesados.

Entonces, las penas impuestas por el Ministerio Público que establecen inhabilidades para que los condenados ejerzan funciones públicas, son señaladas por juez penal disciplinario, cuyo acatamiento es obligatorio, así a la Comisión de marras y al Consejo de Estado no les parezca.

¿Quién, con un mínimo de malicia indígena, comulga con ruedas de molino, asumiendo que Gustavo Petro acudió a Costa Rica, sin antes asegurarse del sentido del fallo proferido a su favor? 

¿Quieren una evidencia más patética y contundente de que el Consejo de Estado de Colombia es un juez parcializado y sesgado, que la circunstancia deliberada de no haber fallado ya el caso de la suspensión para ejercer funciones públicas al que fue sometido el Dr. Fernando Londoño Hoyos? 

¿Quién es más incómodo para el régimen farc-santos, con plenos derechos ciudadanos, Petro, el Dr. Fernando Londoño Hoyos? ¡Báilenme ese trompo en la uña! 

Antes, cuando la justicia era ejercida en Colombia por jueces sabios y probos, había tranquilidad en la sociedad; ahora, cuando para ser designado juez se necesita prioritariamente haber hecho méritos en la militancia partidista y ser testaferro del régimen, la cosa es diferente, repugnantemente distinta.

¿QUO  VADIS CENTRO DEMOCRÁTICO?

Por Peloecaña

No se trata de huir de Roma como San Pedro, ante la arremetida de Nerón contra los primeros cristianos ¡ni más faltaba!; se trata de asumir la responsabilidad histórica de ser cristianos a pesar del riesgo del martirio. 

El Centro Democrático ya vivió esa encrucijada y la sorteó sin que se extinguiera; al contrario, la superó con éxito y hoy está más fortalecido que en el 2014.

Si después de los cuatro  primeros años del imperio neroniano estamos vivos y coleando, no podemos perder el norte y hacer locuras que bien pueden costarnos la supervivencia de las instituciones democráticas que nos son a todos tan queridas y preciadas.

Si el mecanismo para definir la candidatura  presidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga fue acertado y válido, ¿para qué cambiarlo, cuando fue positivo, y estar pendientes de opciones distintas y cuyo resultado es una aventura y una incógnita sin despejar?

Hagamos memoria:

El nuevo partido, concebido como alternativa de poder, cierta y tranquila, en aplicación de sus estatutos, consultó la opinión de su militancia, mediante la práctica de una experiencia añeja, positiva y probada por los partidos políticos, su Convención Nacional. ¿Cuál la razón para desecharla ahora, acudiendo a opciones cuyo resultado saludable está por verse, y que bien puede terminar en un fracaso absoluto?

Hace cuatro años aspiraron a tener la honrosa, pero evidentemente onerosa, oportunidad de reemplazar una presidencia ejercida a contrapelo del mandato recibido por Juan Manuel Santos Calderón, los doctores Oscar Iván Zuluaga E., Francisco Santos C. y Carlos Holmes Trujillo G., los tres ciudadanos eminentísimos y dignos de suceder en el solio de Bolívar a quien, de manera indigna, traicionera y, desde luego, equivocada, hoy desgobierna.

Los contendientes en la lid democrática aceptaron el mecanismo de la Convención Nacional y, salvo la equivocada reacción inicial de Pacho, después de aceptar el fallo de la asamblea que escogió a los doctores Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, como fórmula presidencial y vicepresidencial, que enfrentó con éxito al más felón de los presidentes que en Colombia han sido, acudimos a las urnas y triunfamos en toda la línea, aunque las tretas y maniobras de Santos tuvieron como resultado el escamoteo del triunfo alcanzado en franca lid.

Hoy, se repite la historia; pero las circunstancias políticas son bien diferentes; lo que está en juego, ni más ni menos,  es la opción de volver a tener una democracia plena, volver a ser una nación que encarne un Estado Social de Derecho, o cambiar el panorama, para ingresar a los países de la órbita de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Ya países como Argentina y Chile nos están señalando el camino y la pauta a seguir.

Tenemos al frente un panorama bien definido: o le entregamos la nación, la patria y el país a la izquierda marxista leninista y castrista, o volvemos por nuestros fueros, y decidimos no seguir bajo la férula de la corrupción legislativa, administrativa y judicial.

Los líderes que siguen siendo adalides de la libertad y el orden y los ciudadanos que elegimos, estamos en la obligación de ser consecuentes con la responsabilidad que nos corresponde.

Uno de los actores protagónicos de este momento que vivimos, quizás el más definitorio y decisivo, es el Partido Centro Democrático y, haciendo honor a su nombre, tiene una dificultad, por paradójico que sea, de contar con tantas figuras en su abanico de elegibles.

¿Cuál la razón de esperar que sean personas ajenas al partido, que decidan por sus militantes y adeptos, a través de una consulta abierta que, sin duda, será manipulada por quienes quieren escoger un contendiente fácil de derrotar?

¿Cuál la justificación para sepultar, antes de su nacimiento, la gran coalición que, con el apoyo de todos, nos haga invencibles y nos permita elegir el mejor presidente, y un congreso mayoritario que lo dote de la gobernabilidad que tanto reclamamos?

¿Cuál el temor a la grandeza y a la consolidación de un nuevo régimen, en el que la autoridad y el poder estén en manos de los mejores, los más sabios y los más probos, en las administraciones locales y regionales?

Si la experiencia de la Convención Nacional fue positiva, ¿por qué sepultarla en vez de consolidarla?

Que no sea el que diga Uribe, ni  el que digan las encuestas y consultas amañadas, ¡que sean los que designe la Convención y que sea ya!

¿QUO VADIS CENTRO DEMOCRÁTICO?

LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Por Peloecaña

Hoy nos anuncia el diario El Tiempo que estamos ad portas de conocer a quienes serán los integrantes de  la Comisión de la Verdad, que ha de ocuparse de labores que tienen que ver con el desarrollo de los acuerdos de La Habana, dizque para cumplir con la reparación de las víctimas del conflicto armado y, enterándome de quienes están preseleccionados para tan rimbombante responsabilidad, podemos afirmar que "si por la víspera se saca el día", tamaña paliza le espera a la verdad.

Un conocido, experto en blandir el garrote para llenar de hematomas y chichones a la tan sufrida verdad, es Gonzalo Sánchez, director del Centro de la Memoria Histérica que, bajo su batuta, llegó a la conclusión exacta y verdadera que los únicos responsables de la violencia en Colombia son el Partido Conservador, la Iglesia  Católica y el doctor Laureano Gómez.

Con esa conclusión de única instancia y tan objetiva y meridiana, y con tan autorizada jurisprudencia histérica, no hay que ser Sherlock  Holmes para conocer, desde ya, el veredicto de la mitomanía reemplazante de la verdad; es decir, de la no coincidencia de los hechos sucedidos, con la manera de contarlos, valorarlos y juzgarlos.  

También está postulado a ser miembro de ese juez colegiado que dará su veredicto, ese si histórico, al lado de Gonzalo Sánchez, el famoso padre De Roux, y no me perderé las peripecias, malabares y las dotes de equilibrista que ha de ejecutar,  para  manejar su condición de  sacerdote católico, y la sentencia condenatoria a la Iglesia de  Cristo que, según algún destacado periodista, ya es cosa juzgada y solo falta conocer la pena que, junto con el Partido Conservador y el doctor Laureano Gómez, debemos pagar las ovejas del Padre De Roux por los cientos de miles de víctimas de la violencia en Colombia.

¿O será que Gonzalo Sánchez irá a aplicar la "revocatoria directa" ante  tamaño exabrupto, para poder ser juntos, sacerdote y calumniador, jueces de la misma causa en  Sala del mismo Tribunal?  

También van a ser parte de la Comisión de la Verdad un vasco, seguramente delegado de ETA; un peruano, en representación de Sendero Luminoso y un antropólogo cubano, tal vez disidente el régimen castrista. 

Me pregunto: ¿Que carajo tienen que hacer personas extranjeras en los juicios que se adelanten en Colombia para dirimir nuestros conflictos y diferencias?

Por pura desocupación y falta de oficio, me permito postular, en serio, los siguientes colombianos para integrar, de verdad,  esa comisión:

- Humberto de la Calle Lombana, exvicepresidente de Samper, padre putativo de la Constitución vigente, y padre biológico de los Acuerdos de La Habana y el General Jorge Enrique  Mora Rangel, General del otrora glorioso Ejército de Colombia  y también negociador, a nombre del régimen, de los monólogos de La Habana.

- El Doctor Álvaro Leyva Durán, exsecretario privado del Presidente Misael Pastrana Borrero, Diputado a la Asamblea de Cundinamarca, Representante a la Cámara y Senador de la República y exministro de Estado, todo lo anterior en representación del Partido Conservador; protagonista importantísimo de la liberación del doctor Álvaro Gómez Hurtado, cuando fue secuestrado por el M19; Constituyente de la Asamblea que estudió, debatió y expidió la Constitución de 1991, elegido en la lista de M19  y asesor político de las Farc en el proceso de paz y en la implementación de los Acuerdos de La Habana.

- El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, exconsejero de Estado y exprocurador insigne de la Nación.

Y el doctor Fernando Londoño Hoyos, exministro del Interior y de Justicia en  el primer cuatrienio del Presidente Álvaro Uribe Vélez, Director Honorario del Centro Democrático y Director propietario de La Hora de la Verdad.

Todos los candidatos propuestos son colombianos que superan con creces, en atestados, a los que reseña El Tiempo de hoy, y representan todas las vertientes de opinión que hay en el panorama político Nacional y, con ellos, la verdad estará más segura y en menos riesgo de ser conculcada.