Carta abierta

Señores Senadores

Álvaro Uribe Vélez

María Fernanda Cabal

Ernesto Macías Tovar

Presentes.

Respetados Senadores, en mi condición de elector del Centro Democrático desde su fundación pero sin ser militante de ese Partido, por el vínculo indisoluble que me une con el de Caro y Ospina, con todo respeto y consideración, me permito solicitar de ustedes la presentación de los proyectos de ley y actos legislativos que sean pertinentes para que, si de verdad quiere, el Congreso expida una normatividad que le ponga coto a la corrupción y que en nada se parezca a lo que querían los promotores de la consulta anticorrupción, afortunadamente ahogada, por no haber alcanzado el umbral requerido, no obstante el fraude electoral cometido.

Les impetro, ( no tiene nada que ver con el guerrillero del M19, a su vez el alcalde corrupto) respetuoso,  la presentación de la norma legal que decrete la muerte civil para todos los corruptos, miembros del gobierno nacional, regional y local, del legislativo y de las asambleas departamentales y de los concejos, y los jueces prevaricadores y que  venden sus fallos y sentencias, y, desde luego, todos los particulares que cometan conductas típicas punibles, estén donde estén.

Por ejemplo: concusión y cohecho; peculado en todas su formas; prevaricato por acción y por omisión; celebración indebida de contratos administrativos; abuso de autoridad;  tráfico de influencias; concierto para delinquir; traición a la patria; sedición; rebelión  y asonada; violación a los derechos humanos y, en general, toda la gama de conductas que impliquen corrupción.

La muerte civil debería ser la pena principal y la accesoria, la privativa de la libertad.

Si los ciudadanos somos los mandantes de los elegidos, y su génesis formal y material, ¿por qué ellos deben estar protegidos por fuero e inmunidad, que se vuelve casi siempre impunidad, de la que no gozamos los ciudadanos del común, sus electores?

¿Por qué si los concejales y diputados no gozan de ese beneficio, los miembros del congreso si?

Propongan, además, la abolición del fuero y de la inmunidad.

¿Si los procesos laborales, civiles y comerciales, en los que son parte los aforados e inmunes, se ventilan ante  la justicia ordinaria, por qué los penales no?

Propongan, honorables Senadores, a nombre del Centro Democrático, la prohibición absoluta a los contratistas con el Estado, de aportar en dinero o en especie,  a las campañas políticas de los partidos y de los candidatos a cargos de elección popular.

Concordante con esta prohibición  propongan legislación positiva que inhabilite de plena inhabilidad, a las personas naturales o jurídicas, que por si, o por sujetos interpuestos, pretendan contratar con el Estado.

Propongan la imprescriptibilidad de la acción penal para todos los actos de corrupción administrativa, legislativa o judicial y de particulares.

Propongan la persecución de todos los bienes fruto de la corrupción, estén en cabeza de los corruptos, o de testaferros, o de sus parejas, compañera o compañero permanentes y consanguíneos hasta en cuarto grado, parientes civiles y afines hasta el tercer grado. 

Propongan que los medios de comunicación no sean contratistas para hacer propaganda en pro del  gobierno de turno y, si la quieren hacer, que la hagan a título gratuito.

Propongan que los avisos judiciales se hagan a través de la gaceta o medio oficial de comunicación correspondiente.

En síntesis, presenten los proyectos que sean necesarios, para contener de manera eficaz todos las actos de corrupción administrativa, legislativa y judicial, y obvio, también los particulares corruptos.

Y,desde luego, denuncien como el más descarado y cínico de los actos de corrupción,  el gasto público que implicó la consulta frustrada, fracasada y derrotada, y que se deduzcan responsabilidades personales a sus promotores.

Patrióticamente,

PELOECAÑA