QUE NO CUNDA EL PÁNICO

Por Peloecaña

Lo sucedido ayer en Colombia, en el mundo de la política, en el ámbito electoral, no es el juicio final; es simplemente una campanada, para que quienes creemos en la libertad dentro del orden, nos avivemos y corrijamos ahora que todavía tenemos tiempo, el rumbo y la práctica, en la manera de actuar, para obtener el poder del Estado.

Imaginémonos por un momento que el resultado de ayer hubiera sido en las elecciones presidenciales, tendríamos el más irresponsable de los políticos en el poder, exguerrillero, pro farciano y filoelenista, corrupto comprobado y cínico sin par, peor que Samper y Santos juntos, violador de la Constitución y la ley, y con jurisdicción y mando en toda la nación.

Por lo menos, el Presidente que elegimos es menos malo, que el tal Petro, así sea la continuación del mandato anterior y el epígono de Soros.

No comamos cuento; la Alcaldía  de Bogotá nunca será el segundo cargo de la República, es lo que es, una alcaldía especial, por la importancia que tiene en todas partes, la capital de la República. A mi me afecta más la elección de la primera autoridad administrativa de mi pueblo que la elección del burgomaestre capitalino.

Desde luego, y por fortuna, tenemos innegables líderes y personas de calificación superior, que bien pueden gobernarnos con lujo de competencias, sabiduría y probidad y completa fiabilidad, y como al perro no lo operan sino una vez, no pasaremos nuevamente por la mesa de cirugía del experto en producir eunucos, para seguridad del serrallo.

La contundente y monumental derrota del Centro Democrático, ayer, en donde quiera que hubo un cargo de elección popular en disputa, a nivel regional y local, nos tiene que preocupar, es motivo de sobresalto, pero por fortuna, obligatoriamente nos alerta, para enmendar y corregir y volver por nuestros fueros; fueros que no están indisoluble ni irrevocablemente atados a ese Partido.

Lo que no podemos hacer es no auscultar, buscar y encontrar las causas del resultado fatal, que hoy lamentamos y nos duele e incomoda tanto.  

No hay que ser Sherlock Holmes, ni Pilín para llegar a las causas y orígenes del desastre, más evidente, pero menos dramático que el hundimiento del Titanic.

Sin duda ni asomo de sombra, el primer responsable de la debacle es el gobierno presidido por Iván Duque Márquez; lo elegimos para que ejerciera el poder, con el talante uribista que había mostrado, pero que nunca imaginamos que fuera un disfraz, que escondería su verdadero personaje, santista hasta la médula y sorista hasta más no poder.

Su gabinete está integrado por lo más granado de los amigos de su antecesor, salvo honrosísimas  excepciones.

Sus ejecutorias no han servido sino para consolidar los Acuerdos de La Habana; la destrucción de los cultivos ilícitos avanza a paso de tortuga; la lucha contra la corrupción es inocua, por no decir que inicua; y en un alarde de populismo punitivo, aupa la cadena perpetua para los violadores de niños, cuando la esencia de la descomposición social de la República está en la venalidad y banalidad de la justicia.

No necesitamos ni pretendemos un gobierno que tercie a favor de un partido para favorecerlo electoralmente; necesitamos un gobierno que gobierne y que con sus ejecutorias demuestre la bondad de la coalición que lo eligió.

También le cabe responsabilidad ineludible y maciza a las autoridades del Partido, por acción y por omisión, por el desatino en la escogencia de algunos de sus candidatos, y por alianzas, en más de una ocasión, "non sanctas", en aras del pragmatismo político.

Y, desde luego, el electorado le pasó factura al Gran Colombiano por sus equivocaciones políticas, por sus errores humanos pero, en fin, errores.

Nadie olvida como festinó el triunfo del plebiscito del 2 de octubre de 2016, y los electores de Antioquia podrán decir por qué se perdieron la Alcaldía de Medellín y la Gobernación del Departamento. 

Pero, que no cunda el pánico, aun podemos pensar y opinar, no hemos agotado la posibilidad de enmendar.

  

LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Por Peloecaña

La verdad no necesita comisiones, no prescribe, es trascendente, nunca etérea ni volátil, se presiente, se siente y se palpa; es por eso que nunca estuvo, ni ha estado ni estará urgida de grupúsculos sesgados que la avalen o confirmen.

Siempre la verdad ha causado incomodidad y fastidio a quienes señala con su dedo acusador, de ser lo que son, violadores de la ley, de la armonía social, de actitudes en contra de los derechos de las personas y las comunidades, y esa incomodidad manifiesta se hace más notoria en quienes, investidos de autoridad y capacidad de juzgar, se convierten en reiterados contradictores del deber ser, en aras del pragmatismo a ultranza, de la preeminencia de conductas reprobables frente a la objetividad, la equidad y el buen juicio.

Entonces, buscan un lenitivo para maquillar cicatrices, suavizar asperezas éticas y ahogar o asordinar la voz de sus conciencias, y es cuando aparecen las mentadas comisiones que tiene como única misión darle apariencia a la mentira de algo tan sublime y contundente, como es la coincidencia entre la ocurrencia de actos, sucesos y hechos reales por encima de todo, con la manera de narrarlos, registrarlos y presentarlos a la posteridad, como  verdad.

Esos despistados se encargaron de crear un engendro, que tuviera como tarea la preservación del Patrimonio Histórico Colombiano, y fue resultado de sus minuciosos y ahincados esfuerzos intelectuales sobrehumanos,  la más exótica, increíble y, por tanto, inadmisible conclusión:

"La violencia en Colombia es hija de la Iglesia Católica, Laureano Gómez y el Partido Conservador".

La conclusión tenía fundamentos aparentes de verdad: la Iglesia era la madre de todos los atropellos cometidos a nombre de los partidos Liberal y Conservador; el padre biológico y putativo, el Dr. Laureano Gómez Castro, y el caldo óptimo de cultivo del virus de esa peste, el Partido Conservador.

Además, el Dr. Laureano Gómez era católico y jefe indiscutido del conservatismo. El sofisma cumplía con todas las normas y exigencias de la lógica, pero siempre fue sofisma, es decir un silogismo mentiroso, nunca verdad.

Hoy la historia se repite y entonces, como aporte de los Diálogos de La Habana y como compromiso solemne de tan nefando aquelarre surgido del  monólogo entre el gobierno de Santos y la guerrilla comunista de las farc, se pactó que había que crear la Comisión de la Verdad, que cumpliría la función de actuar como notario de la versión de la nueva historia de Colombia.

Y para asombro y escándalo general, en la segunda versión de la preservación del Patrimonio Histórico Colombiano, los amancebados gobierno Santos-farc exculparon a la Iglesia Católica de su responsabilidad histórica en la guerra fratricida y designaron a uno de los representantes de ese credo, a que presidiera el notario colegiado, el sacerdote De Roux, y está por conocerse si hay alguien del laureanismo y de Partido Conservador en tan encumbrada comisión.

Y como el movimiento se demuestra andando, citaron al más impoluto de todos los presidentes que en Colombia han sido, a Ernesto Samper Pizano, el gobernante del proceso 8.000, quien nos convirtió ante el orbe entero en el país más paria del mundo, el que logró que el pasaporte colombiano fuera un documento infamante universal, que había que guardar escondido y con tres llaves, y que nos sometió a todos sus portadores en auténticos leprosos ante todas las oficinas de migración en los países de la tierra, sin excepción.

Ahora, el narcopresidente se limpió de toda culpa, en la piscina probática de la Comisión de la Verdad, que administra y dirige el más católico de todos los católicos. 

Cómo adquiere plena vigencia la sentencia del filósofo y matemático francés, Pascal: "La verdad está tan obnubilada, y la mentira tan sentada, que a menos de amar siempre la verdad, es imposible conocerla".

LA DICTADURA DE LOS JUECES

Por Peloecaña

Me siento ad portas de meterme en camisa de once varas, pero otro adagio me hace el quite, me lanza un capote, "Al toro bravo a los cachos."

He leído y releído el artículo del Dr. Rafael Nieto Loaiza, que él ha titulado LA DICTADURA DE LOS JUECES y que ha sido originado en la presentación de un proyecto del ley por el Representante a la Cámara, Hernán Prada, que propone que, mediante referendo, se modifiquen, anulen o revoquen las sentencias de la Corte Constitucional, y que el destacadísimo y autorizado jurista Dr. Nieto Loaiza comenta con la autoridad científica, que le es propia.

Disentir de sus opiniones en materia constitucional es andanza cuesta arriba, más cuando opina con la Constitución que "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece."

Desde luego que los Magistrados de la Corte Constitucional no son representantes del pueblo; entonces ellos no encarnan la soberanía, aunque actúan convencidos de esa usurpación.

Cuando los jueces ejercen la dictadura judicial, lo hacen prevalidos de una interpretación amañada y contra Derecho, de la Constitución y de la ley y falseando su espíritu y su texto, por malabares y equilibrismo político, que cambian la normatividad constitucional y legal, por la aplicación abusiva de credos y doctrinas ideológicas, ajenos a la órbita de las ciencias jurídicas.

En mi modesta opinión, se equivoca el Representante Prada al proponer una instancia judicial última, ejercida a través del engorroso y oneroso  procedimiento de la consulta popular, consagrada en el artículo 103º constitucional.

Imaginemos ¿qué va a pasar cuando, con la intención de desconocer una sentencia de la Corte Constitucional por ser evidentemente sesgada y contraria a la normatividad consagrada en la Ley de leyes, llegue a esa Corte, para su decisión la juridicidad de la convocatoria al referendo que va a tumbar su fallo, y que según el artículo 241º numeral 2. es de su competencia?

¿Se tendrán que declarar impedidos los nueve magistrados que la integran? ¿Y si no lo hacen cabe su recusación?

¿Cuánto tiempo tiene la Corte para proferir sentencia al respecto?

Y si la Corte Constitucional da vía libre a la consulta popular, ¿cuantos cientos de miles de millones cuesta el proceso electoral para impugnar la sentencia?

Y como los fallos que generan la disconformidad de los ciudadanos, con razón, son cuestionables, y son muchos, ¿cada cuánto habrá un referendo de impugnación?

Y si pasa lo mismo que pasó con el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuyo resultado obligatorio se lo pasaron por manteca, ¿quien o quienes pactarán su inobservancia?

¿No es más obvio y fácil agregarle un parágrafo al artículo 241º constitucional que le impida  a la Corte encargada de velar por la observancia y respeto de la Carta Magna, dictar sentencias que superen el texto de la norma aquí citada, que exija su interpretación literal, dada la claridad de su redacción?

¿Hay necesidad de cambiar la dictadura de los jueces por la dictadura de los referendos?

LA INDAGATORIA AL DR. URIBE

Por Peleocaña

No voy a cometer la necedad de dedicarme a sentar cátedra de lo que es la diligencia de indagatoria en un proceso penal; presumo que todos los destinatarios de este artículo lo saben. 

Más bien me atrevo a preguntar ¿quién está exento de no ser sometido a este procedimiento judicial, después de que los Magistrados de la Honorabilísima Corte Suprema de justicia convocaron a la instancia correspondiente al Dr. Alvaro Uribe Vélez, para oírlo sin apremio alguno, para que se exculpe de las sindicaciones, que el más desaseado moral de todos los políticos le endilgara: presión contra uno de sus testigos en su contra e invitación a  que se retractara de su versión inicial?

Los "Honorables Magistrados" decidieron pasar por alto la condición de testigo sospechoso, del declarante de marras y le dieron credibilidad a su decir, a pesar de su condición de perjuro redomado.

Esa conducta reprobable de los jueces que así actuaron, ahí está y ahí se quedó.

Algunas personas respetables, por mil títulos, decidieron que la mejor manera de enmendar el error judicial era presionar masivamente a los administradores de justicia, para que corrigieran su equivocación y entonces invitaron a los amigos del eximio ciudadano y expresidente a manifestarse, mediante el bochinche y la vocinglería, en busca de la declaratoria de inocencia del ladinamente indagado.

Sucedió lo que tenía que suceder, los contradictores y enemigos del Dr. Alvaro Uribe Vélez, como el perro de Pavlov babearon, como en Fuente Ovejuna, todos a una, y convocaron la jauría antiuribista, para que reaccionara, en el convencimiento de que así la presión a los jueces se equilibraba. En conclusión, todos presionaban.

Peligroso antecedente, después de ahora, cuando de procesar a un vocero político del tinte y talante que sea, la razón presunta estará del lado de quien más grite. ¡Dios nos tenga de su mano!

¡Qué falta de sentido de oportunidad! El derecho a la protesta hay que ejercerlo a plenitud, cuando sea menester, por ejemplo después de la actuación judicial contra derecho.

No aparecen por parte alguna las protestas públicas ni las marchas justas, impugnanndo la sentencia inicua  en contra del Dr. Andrés Felipe Arias Leiva, ¿o es que su situación no amerita la protesta de las gentes de bien?

¿Dónde está la presión pública masiva, para que la incuria judicial que permite el aplazamiento indefinido dé un resultado expreso en el caso del Dr. Luis Alfredo Ramos Botero, y por qué no se ha producido?

¿Y dónde está la fe de quienes pregonan con bombos y platillos que el Dr. Alvaro Uribe Vélez es un ser con una inteligencia superior, con una capacidad profesional fuera de serie, inocente hasta más no poder, y asesorado y representado por lo más destacado del foro colombiano?

Yo si creo sin el más leve asomo de duda, ni la más mínima sombra, que el Gran Colombiano es de una solvencia intelectual óptima; por algo nos gobernó con brillo y resplandor durante ocho años.

También estoy cierto de que es un jurista consumado, y no va a sucumbir ante la medianía de sus hipotéticos verdugos.

¿Y qué no decir de sus apoderados judiciales? Por algo el expresidente los tiene como tales, él no puede encomendar su pasado, su presente y su futuro en manos de tinterillos y cagatintas; también me merecen plena y total confianza.

Los Santos y Samper, los Galán y López, los Petro y Cepeda le están haciendo el más evidente favor al Dr. Uribe, lo están victimizando y colocando, desde ya, en las páginas del martirologio.

No hay actitud alguna que despierte más la solidaridad humana, en este caso política, que la injusticia y la persecución gratuita; quien la sufre se convierte en mártir y en santo de devoción. Están llamando a la solidaridad indeclinable en torno al perseguido, vituperado, vilipendiado, lastimado, Dr. Alvaro Uribe Vélez.

El padre de la Iglesia, Tertuliano, en los primeros años del cristianismo, pronunció esta sentencia: "La sangre de los mártires es semilla de cristianos"

Y por último, es una verdad de puño que las altas cortes han dado motivos suficientes para dudar en grado superlativo de su sabiduría y probidad, y no es aventurado creer que este caso concreto, el del proceso contra el expresidente Uribe, es la mejor oportunidad de su reivindicación, a que dudarlo.

LOS PLIEGOS TIPO

Por Peloecaña

No se sabe de qué estructura jurídica están hechos algunos asesores de los muchos sabios que orientan al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales cuando es obvio que, atendiendo el menos común de los sentidos, el sentido común, las cosas siempre salen bien.

¿Para qué tanto brinco si la pista de baile está pareja?

Si se trata de darle un golpe contundente, efectivo y eficaz a la corrupción, no hay que dar tanta vuelta. Señor Presidente, propóngale al Congreso la expedición de una reforma a la Constitución que consagre e instituya la muerte civil a todos los corruptos, y que incluya, en desarrollo de ese mandato constitucional, en la legislación penal, como pena principal para los delitos de corrupción y paralela a esa sanción otra que también será principal, que determine la privación plena de la libertad, sin la más mínima posibilidad de conmutación, descuento por "buena conducta", jubileo, negociación o conciliación, y que dicha pena deba cumplirse en un establecimiento carcelario, sin ninguna posibilidad de casa por cárcel o detención domiciliaria.

Además, deberá consagrarse en la legislación electoral la prohibición absoluta a los hipotéticos o reales contratistas con el Estado de aportar, directamente o por interpuesta persona, contribuciones en dinero o en especie a las campañas de cargos de elección popular.

Y en el régimen de inhabilidades, para contratar con las entidades oficiales, debe estar incluida la  inhabilidad de aportar a las campañas políticas, aplicable a las personas naturales y a los miembros de juntas directivas, representantes legales, interventores o servidores de  las personas jurídicas.

Los pliegos de condiciones son un acto administrativo que deben elaborar las entidades contratantes, y no se vale que en su confección participen los organismos de control ni personas ajenas a la entidad que va a contratar.

¿Con qué autoridad legal la Contraloría va a ejercer el control fiscal si es coautora del elemento primigenio, que da origen al acuerdo entre el Estado y un contratista cualquiera?

¿Y cómo el  Ministerio Público puede ejercer su facultad de control administrativo y disciplinario si estuvo presente, con voz y voto, en el acto administrativo que elabora los pliegos de condiciones de una licitación?

Si  lo que quieren es más transparencia y pulcritud diamantina, inviten a los organismos de control a que vigilen la legalidad plena de todo el proceso de contratación pública.

¿Por qué tanto despilfarro del recurso humano gubernamental y legislativo? Solo les faltó instituir la presencia de un delegado del poder judicial en esos procesos.

¡Más sindéresis! señores.