EL  ARTÍCULO 13º DE LA CONSTITUCIÓN Y LA JEP

Por Peloecaña

El artículo 13º de la Constitución Política de Colombia dice:

 "Artículo 13º. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, OPINIÓN POLÍTICA, o filosófica." (Resalto).

"El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados y marginados."

"El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

¡Pues bien! El Presidente Santos, elegido con mi voto para el período 2010 - 2014 y reelegido contra la voluntad popular y gracias al fraude, más conocido con el alias de Santiago en la organización guerrillera de las FARC, como jefe de Estado, según la misma Constitución, Título VII, artículo 189º, acogió todas las propuestas de los voceros de esa guerrilla, avaladas por el Congreso, Título VI de la Carta Fundamental, otro de los poderes del Estado, y bendecida por el Poder Judicial, la Corte Constitucional, Título VIII, capítulo 4 del mismo Estatuto Constitucional,  y juntos se pasaron por donde pudieron todo, absolutamente todo, letra por letra, el texto del artículo 13º constitucional citado, cuando le dieron vida a ese monstruo mitológico que es la JEP.

Si se creó un ente discriminador para juzgar a personas de características especiales, se estaba haciendo caso omiso a la tan cacareada igualdad ante la ley y, desde luego, el texto del manido artículo 13º de la Ley de Leyes era y ha sido pura letra muerta, pura y neta fantasía constitucional.

El Presidente Santos, las FARC y sus directores espirituales ideológicos siempre, desde antes de hacer pública su propuesta de ignorar la norma que dice que las personas somos libres e iguales ante la ley, sabían que su cometido era inmoral, antiético e inconveniente y chocaba con el canon constitucional violentado; pero como  en ese colectivo a todos les es indiferente cualquier sentimiento de rectitud social o buen comportamiento general, pues actuaron de acuerdo con su talante vergonzoso y censurable.

¿Cuándo el gobierno Santos y sus áulicos asentados en el Congreso y en las Altas Cortes han demostrado la más mínima reverencia y culto y respeto por la institucionalidad? Le han demostrado al país, a la nación y a la patria que nunca; son todos cínicos profesionales y, lo que es más grave, son todos impunes.

¿Qué hizo el Estado Colombiano durante los ocho años del gobierno de Santos, para promover las condiciones  que permitan determinar que la igualdad es "real y efectiva"? ¿Cuáles medidas ha adoptado "a favor de grupos discriminados y marginados"?

La existencia y presencia en distintos foros públicos de las niñas que conforman la Corporación Rosa Blanca son el más patético y demoledor argumento contra los defensores de oficio de la Justicia Especial para la Paz, que ha demostrado hasta el cansancio que ese monstruo es el monumento colosal para defender lo indefensible: la lascivia de los comandantes guerrilleros de las FARC que, con la más evidente de la aberraciones, disfrutaron de su vergonzosa preferencia por los no accedidos niños  campesinos, hijos de padres  humildes y desprotegidos, trabajadores y víctimas inocentes de las depredaciones demenciales e insanas de su verdugos, hoy colocados en el pedestal de la paz, por un Congreso insensible, irresponsable y violador de la Constitución y por una justicia que emula con los congresistas que ha expedido tan vergonzante legislación, y cuyos jueces aplican impertérritos y prevaricadores.

¡Bonita y efectiva garantía de protección a los débiles y discriminados, rodeando de cerco inexpugnable a sus victimarios, por intermedio  de la JEP!

La legislación expedida, por el Congreso colombiano, por iniciativa del binomio gobierno  Santos FARC, e inspirada por auténticos delincuentes con garantía de impunidad y aplicada por  jueces apátridas y rábulas del tres al cuarto, siempre será el testimonio vivo de una época funesta y oscura en la historia de Colombia. 

JEP: Jauría efímera prepagada.

GOBIERNE, SEÑOR PRESIDENTE

Por Peloecaña

Con el derecho que me otorga la circunstancia de haber votado por usted, debo decirle, con todo respeto pero lleno de razones, señor Presidente Iván Duque Márquez, por favor GOBIERNE, ejerza el poder en los términos señalados en la Constitución Política de Colombia, ni más, pero tampoco menos.

Desde que se inició el proceso de selección del candidato presidencial, impuesto por el Presidente Uribe al Partido Centro Democrático, supe que no iba a participar en él; primero, porque no soy de ese Partido, además, porque si lo fuera, el método escogido unilateralmente por su jefe no me pareció democrático, ya que una encuesta abierta, contratada con una empresa encuestadora de propiedad de una persona evidentemente contradictora de esa colectividad y proclive al Presidente Santos, a Ernesto Samper y a Horacio Serpa, en mi modesta opinión, no era garantía de imparcialidad y objetividad.

Además, dentro de las distintas opciones de precandidaturas de militantes del Centro Democrático había nombres y personas que sí llenaban mis expectativas, como el doctor Rafael Nieto Loaiza  de la más rancia estirpe  de mi Partido, el otrora glorioso Partido Conservador, el de Caro y Ospina.

Si a eso le agregamos el reclamo, casi unánime, de la militancia rasa de los correligionarios del Presidente Uribe, que se quejaban de nunca haber sido encuestados, a pesar de la apertura del sondeo partidista, apertura que parece consistía en excluirlos de consultar su opinión.

Por fortuna, para nuestras apetencias, los doctores Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez concertaron y conformaron la Gran Alianza por Colombia y, después de una consulta popular en la que participamos gustosos, se llegó a la fórmula Duque - Marta Lucía que aceptamos por ser persona respetuosas de ese proceso democrático, y entusiastas y alborozados fuimos a la urnas, con el resultado que el país todo conoce. 

Mantuvimos reservas por la cercanía suya, doctor Duque, con el expresidente Santos y con el magnate George Soros, en las antípodas ideológicas de uribistas, conservadores y cristianos.

Una vez elegidos usted y la doctora Martha Lucía Ramírez, como Presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, el nuevo Primer Mandatario confirmó nuestros temores cuando anunció a los cuatro vientos que el gobierno suyo iba a ser un vehículo sin espejos retrovisores.

En gesto de complicidad con el gobernante anterior no quiso informarnos a los colombianos qué  recibía de su antecesor y asumió la herencia, sin beneficio de inventario, ni social, ni económico, ni político, ni de paz, ni de orden público.

Y hoy, siete meses después de esa actitud irresponsable, el señor Presidente Duque está cosechando lo que sembró: la ausencia de espejo retrovisor y de inventario: un país descuadernado, transcurridos  ocho años de desgobierno; un país en manos de la guerrilla,  festinada la institucionalidad y la voluntad popular manifestada rotundamente el 2 de octubre de 2016, en el plebiscito que consultó si Colombia quería o no los Acuerdos de La Habana; un país con una economía quebrada; una Colombia sin justicia, por obra y gracia del más funesto de todos los gobernantes, Juan Manuel Santos Calderón

Un gobierno que, por falta de inventario, asumió como propios todos los compromisos nefandos y execrables suscritos por el supérstite de la guerrilla farciana apellidado Santos, suscritos con los estudiantes, los maestros de Fecode, los indígenas del Cauca, la Rama Judicial y ahora, a punta de paros reiterados y continuos, el pueblo todo tiene que sufrir y padecer, por la incuria de nuestro Presidente, al que ayudamos a elegir.

Si algo caracterizó la Presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, su mentor, señor Presidente Duque, fue su prístino sentido de la libertad, la autoridad y el orden.

Reza el párrafo final del artículo 2º de la Constitución: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas, residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y los particulares". ¡A cumplir  este mandato constitucional!, Presidente Duque.

Leyendo el articulo 188º constitucional encontramos:" El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos". ¿Será que juró en falso doctor Duque?

El artículo 189º, numerales 3º y 4º dice:  "Corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:… 3. Dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

"4. Conservar en todo el territorio  el orden público y restablecerlo donde fuere turbado". (Las negrillas son mías). ¡Gobierne, señor Presidente!

Para terminar por hoy, permítanme transcribir el párrafo segundo del artículo 217º de nuestra Constitución que a la letra dice: "Las Fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional".

¿Será que también en los Acuerdos nonatos de La Habana esa finalidad fue encomendada a las FARC? 

Señor Presidente Duque: los estudiantes, los maestros, los jueces y los indígenas del Cauca, todos le están midiendo el aceite y lo tienen calibrado; si no tiene el talante requerido para gobernar de acuerdo a la Constitución, préstele un servicio adicional a Colombia, de un paso al costado y permita que gobierne la Vicepresidente.

LOS  ACUERDOS DE LA HABANA NO NACIERON

Por Peloecaña

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón, como lo que fue, un político miembro de la guerrilla de las FARC, en ejercicio de la Presidencia de la República, elegido inicialmente por usted y por mí y reelegido por cuenta de su marrullería conocida y por la aceptación del robo por parte de su contendiente, se quitó el pasamontañas y decidió ser, abiertamente, el camarada Santiago, subalterno del secretariado de la insurgencia guerrillera, marxista leninista y apátrida. 

Puso en marcha los diálogos de paz y señaló la ciudad de La Habana como su sede, de lo que en realidad fue antes que nada y, en estricto sentido, un monólogo: YO con YO.

Dividió a su arbitrio a la sociedad colombiana en amigos de tan apetecida novia, o en sus enemigos, según la aviesa intención de sus propósitos. 

No había término medio, ni alternativa, ni dilema;  se estaba con las FARC, que se convirtieron en sinónimo de paz, o se estaba contra ellas.

Como contaba con el poder total; es decir, con la sartén por el mango, algunos que siempre creímos verdaderos adalides de la lucha contra la violencia guerrillera y todo lo que ella siempre ha encarnado, sucumbieron ante los halagos del régimen, V.GR. el General Mora Rangel, quien demostró que su reciedumbre y su gallardía militar eran solo fachada, solo maquillaje y que lo que de veras había era una llaga muy a flor de piel.

Los demás negociadores nunca nos engañaron, siempre fueron lo que habían sido, marxista camuflados y literalmente súcubos de la verdad.

La Constitución Política de Colombia, la de 1991, la de De la Calle, el mascarón de proa del gobierno en esa asociación para delinquir que fueron los fementidos diálogos, consagró en su artículo 103º, como mecanismo de participación ciudadana, el plebiscito.

Y el canon constitucional siguiente, el artículo 104º dispone: "El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria . (la negrilla es mía) La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección."

Por única vez, en los ocho años de su mandato, Santos cumplió a cabalidad la Constitución, porque nunca dudó, ni siquiera por un instante, que todo el poder de constreñir estaría a su favor.

¡Pues bien! Cumplido y observado con rigor el artículo 104º constitucional, sus asesores redactaron la pregunta que el gobierno pondría a consideración del pueblo:

" ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?".

Todavía se percibe el olor de las neuronas chamuscadas de los autores de tan enjundioso interrogante.

Todas las encuestas, salvo una, la realizada por el diario Occidente de Cali, daban el triunfo seguro y apabullante del SI y la derrota vergonzosa de la opción NO.

Todo el peso del poder del Estado: Congreso, Gobierno y Administración de Justicia, al servicio de la causa de la paz de los sepulcros. A ese poder institucional se sumaron los medios de comunicación y los gremios y, desde luego, la jerarquía eclesiástica, que no la Iglesia. 

Sólo un puñado de líderes ilusos, pero con la fuerza de la convicción ética y moral de la razón de su postura, enarbolaron la bandera redentora del NO, y derrotaron al sistema, a las FARC, a los medios fletados, a los encuestadores y a los monseñores de botas de caucho, y solideo  y capelo confundido con la gorra guerrillera.

Fue tan contundente y nítido el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 que a la Registraduría Nacional le fue imposible hacer el fraude necesario, para complacer a Santos y a sus jefes del Secretariado de las FARC. Escasamente alcanzaron a hacer la derrota del SI más tenue y menos humillante, pero al fin de cuentas los del No ganamos y, con nosotros, Colombia.

No hay en la Ley de Leyes, la Constitución, ni  en la legislación ordinaria, norma alguna que determine que la voluntad popular o el resultado final puede ser negociado, cambiado, modificado o modulado por ciudadano o grupo de ciudadanos, por eminentes que sean.

Articulo 104 constitucional: LA DECISION DEL PUEBLO SERÁ OBLIGATORIA. Esa interpretación ha de ser literal y exegética.

Según la Registraduría Nacional, notario público de la voluntad popular, los siguientes fueron los resultados finales del plebiscito del 2 de octubre de 2016 realizado en Colombia:

Votos por el SI:  6.377.464

Votos por el NO:6.431.372

Diferencia a favor del NO: 53.431 votos.

Consecuencias jurídicas de ese resultado: los Acuerdos de La Habana no nacieron, fueron inviables.

Humberto de la Calle Lombana fue el primero en advertirlo y señalarlo: si gana el NO, LOS ACUERDOS NO EXISTEN.

Entonces, ¿por qué algo inexistente puede generar instituciones como la JEP, que son parte integral de esos acuerdos?

Dr. Duque, usted ha debido objetar la ley estatutaria de ese nonato que es la JEP, porque es algo que no tiene destinatario; es como si el Congreso legislara para los dragones o para las ninfas o para los argonautas.

Por eso tampoco tiene explicación jurídica válida la inclusión en el presupuesto nacional de partidas para los guerrilleros activos o en receso o disidentes.

Por eso tampoco tienen asidero institucional las curules regaladas a las FARC.

Y nosotros, los colombianos de bien, los que votamos por el NO, que impidió el nacimiento de los tales acuerdos, estamos en la obligación de reclamarle y exigirle al Presidente Duque que cumpla la voluntad popular expresada nítidamente en el plebiscito.

El resultado del plebiscito no prescribe.

Todos a una, como en Fuente Ovejuna, a impetrar el cumplimiento del resultado plebiscitario, que ya es patrimonio histórico nacional.