CONVERSATORIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO

 

Por Peloecaña

 

 

Oí con detenimiento el denominado conversatorio Álvaro Gómez Hurtado y, con el más profundo respeto por quienes participaron en él, estas las conclusiones a las que llegué.

 

No hay que seguir buscando la verdad que pretende desenmascarar a los autores intelectuales del magnicidio, del más ilustre de los colombianos, el Dr. Álvaro Gómez Hurtado.

 

La verdad está ahí, resplandeciente y ardiente como el más brillante de los soles del verano.

 

Así como la "absolución" por el Congreso, del que le vendió al cartel de Cali la elección presidencial, un tal Ernesto Samper Pizano, está ahí, como monumento a la desfachatez y es auténtico totem para venerar la mentira.

 

La historia ya emitió su juicio, antes que todos, primero que el ministro del "mamola", o que Heyne Mogollón, o que los conservadores samperistas,  Gustavo Rodríguez, Carlina Rodríguez, Ciro Ramírez, Luis Guillermo Nieto, Rodrigo Marín, Roberto Gerlein, entre otros.

 

El fallo de la historia está ahí, patético; condenó al vendedor de la Presidencia y de ese fallo inapelable nunca se podrá liberar. Es culpable de la sindicación que el Procurador Valdivieso Sarmiento le formuló.

 

Reto a cualquier colombiano, sin excepción, a que ponga en duda el veredicto condenatorio que la historia profirió.

 

Ese fallo histórico, que declaró contra evidente la decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es la génesis del magnicidio del Dr. Álvaro Gómez Hurtado.

 

Y pueden pasar por todas las instituciones judiciales, Fiscalía, Cortes, Comisión de la Verdad, la Jep, y todo lo que se inventen para tapar la autoría intelectual del magnicidio, y decretar la impunidad de los reos de ese sacrificio. 

 

La verdad está ahí, patética, evidente, monumental y colosal, todos sabemos por qué lo mataron, ya lo dijo su ilustre hermano, el Dr. Enrique Gómez Hurtado, en documento incontrastable.

 

Por favor, ruego a su familia que no sigan buscando la verdad. Déjenle a la justicia politizada y prostituida, que siga creyendo que se puede tapar el sol con un dedo. 

 

El país entero, incluida la guerrilla de las farc, saben quienes son los inductores de tan horrendo crimen.

 

Familia Gómez Escobar, familia Gómez Martínez y todos los miembros de tan ilustre estirpe, la historia ya dictó sentencia condenatoria inapelable, como en el proceso 8.000; inclusive, les sugiero respetuoso, profundamente respetuoso,  renuncien a la acción civil, a la que institucionalmente tienen derecho.

 

Les ruego conmovido que, más bien, no permitan que el legado del Dr. Álvaro Gómez Hurtado, el Acuerdo sobre lo Fundamental, siga siendo un tesoro enterrado, una guaca.

 

Ustedes tienen los arrestos suficientes  y la autoridad moral, intelectual y política, para que la memoria del ilustre desaparecido sea una vivencia apasionante, tomen sus banderas en esta hora aciaga de la patria.

 

Hay que consolidar el Acuerdo sobre la Ley, el Acuerdo sobre la Moral, el Acuerdo sobre la Justicia, el Acuerdo sobre el Modelo de Desarrollo Económico y el Acuerdo sobre la Ecología.

 

En esa tarea nada fácil, pero prometedora, un buen número de colombianos los acompañaremos.

 

 NO SE DETENGA SEÑOR PRESIDENTE, SIGA CON FECODE

 

Por Peloecaña

 

Señor Presidente Duque, gracias por su valiosísimo aporte a la paz de Colombia, el envión ejecutado por las fuerzas institucionales del orden, bajo su directa comandancia, que permitió la destrucción de 63 laboratorios que producían cocaína, el decomiso de armas y la captura de varios sediciosos narcotraficantes confirmaron ante el mundo la encarnadura de la minga, que bien puede ser el desarrollo de la sigla siguiente: Movimiento Indígena Narco Guerrillero Asociado. 

 

Señor Presidente, el Estado no puede abandonar la zona, instale en el Cauca, en el corazón de la zona de influencia de la minga, una brigada militar con varios batallones y una unidad policial con el suficiente número de guardianes del orden, con apoyo logístico y estratégico, que no permita, nunca más, las humillaciones que militares y policías han sufrido, por parte de una etnia descontrolada e impune.

 

Déles gusto a los indígenas del Cauca, lleve a cabo una reforma agraria en la zona, que redistribuya la tierra en cabeza de los aborígenes que la quieran trabajar en cultivos legítimos y de beneficio colectivo.

 

Siga con otro factor de disociación nacional y, hasta ahora, elemento perturbador del orden público y culpable directo de la pérdida de  los valores que otrora fueron el basamento de la institucionalidad colombiana: FECODE.

 

También tiene el Gobierno las herramientas que le permiten ejercer la obligación constitucional prescrita en el artículo 2º de la Carta Fundamental.

 

Tiene la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, más de 270.000 afiliados y su aporte individual, en promedio, a ese gremio es de $30.000.oo mensuales, lo que se traduce en una suma astronómica: $8.100.000.000.oo cada treinta días; si el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social le hace auditoría  a esos fondos, sus socios van a tener información cierta y veraz, de cómo se manejan sus aportes sindicales.

 

Si Fecode no acepta la auditoría sugerida,  ya hay un motivo de duda sobre la pulcritud con que se han manejado esos dineros y, en consecuencia, podrá el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, prohibirle a las pagadurías del magisterio efectuar los descuentos sindicales, para que sean los sindicalizados maestros quienes directa y personalmente acudan presurosos  a cumplir con el pago de la cuota sindical periódica.

 

 

  

TODO ESTÁ FRIAMENTE CALCULADO

 

 

Por Peloecaña

 

 

Las fuerzas de la izquierda colombiana funcionan como un reloj absoluta y eficientemente sincronizado y, hasta ahora, no ha sufrido ningún tropiezo su plan para desestabilizar las instituciones y colocar a la sociedad en permanente estado de zozobra y crispación.

 

Fecode, la minga, el paro general, sin tanto aspaviento y sin tanta alharaca, llegarán a un punto de coincidencia en el tiempo y en el espacio, para que este gobierno cegatón y bisoño siga en siesta, y la perturbación general del orden público lo agarre apenas limpiándose las legañas.

 

Al presidente Uribe, en su primer mandato, quisieron probarlo y les demostró a todos, sin excepción, que con él no era jugando; la minga quiso paralizar el sur del país, taponando la vía panamericana, pero como él, en ese entonces, tenía claro que la Constitución es para respetarla, observarla y cumplirla simplemente les notificó a los indígenas caucanos, los mismos de la minga de hoy, que no permitiría, por ningún motivo, el colapso vial que ellos pretendían.

 

El presidente había jurado cumplir la Constitución y la ley ante el  Congreso, ante el país entero y ante el mundo, el 7 de agosto de 2002.

 

Dice el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo".

"Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra,bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

 

Pareciera que en los ocho años en los que desgobernó Juan Manuel Santos Calderón esta norma, que es la más afortunada síntesis de lo que debiera ser Colombia, fue derogada sin fórmula jurídica alguna; todo por los vergonzantes acuerdos de La Habana.

 

La solución a tanto desafuero está a la mano, a la vista, evidente, pero falta decisión política para asumirla: señor presidente Duque aplique, sin dilaciones y con rigor republicano, el mandato contenido en el artículo 104º constitucional que su antecesor cumplió en cuanto hace a su primer párrafo, pero que ladinamente y con absoluta mala fe, decidió incumplir la parte  que reza: "La decisión del pueblo será obligatoria".

 

Doctor Iván Duque Márquez aún tiene la oportunidad de demostrarnos a sus electores insatisfechos que no nos equivocamos; ejerza el poder y la autoridad, a plenitud y dentro del marco de la Constitución, para que la libertad no siga siendo un mero rictus y una mueca. Libertad sin orden no existe.

 

Fumigue los cultivos ilícitos y redúzcalos a cero antes del fin de su mandato. 

 

Asuma las riendas del control del orden público, por encima del ejercicio de algunas autoridades locales, que se consideran con la potestad de mantener y prohijar el desorden.

 

Con todo respeto, gobierne señor Presidente.

 

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¡ALELUYA, HOSANNA, HURRA¡

 

Por Peloecaña

 

A pesar de estar pendiente la interposición del recurso de apelación, anunciado por Iván Cepeda, contra la decisión judicial que resolvió favorablemente la petición de libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hay que estar de plácemes porque la administración de justicia tiene funcionarios insulares, que todavía le rinden culto a la  Constitución y a la ley.

 

Cuando la justicia actúa por móviles ajenos a la sabiduría de las leyes justas y se convierte en brazo político de los actores de la liza partidista, desciende del pedestal, que le es propio, la majestad del Estado, para venderse al mejor postor y,  por ende, prostituirse.

 

El juez de una causa no puede ser martillo y yunque  para moldear caprichosos arabescos, según una de las partes sea su discrepante ideológico, o colchón de plumas y cobija acogedora para quien comparta su credo político. ¡No y mil veces no!

 

La justicia es algo elemental: "Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es suyo".

 

Por eso Salomón simuló partir por mitad el infante cuya maternidad se disputaban dos de sus súbditas y, como no había aún los análisis de ADN, falló a favor  de quien prefirió renunciar a su derecho materno, para salvar la vida de su hijo.

 

Hay motivo de alegría, de satisfacción, de regocijo cuando encontramos en esta Colombia tan proclive a la injusticia, un administrador de justicia que todavía cree en la ley, en el derecho, en la equidad y en la ética; concretamente, una administradora de justicia.

 

Quienes alguna vez tuvimos la honrosísima distinción y la nada fácil responsabilidad de administrar pronta y cumplida justicia, al volver sobre nuestros pasos, encontramos la tranquilidad de conciencia que implica el no habernos equivocado y la satisfacción del deber cumplido.

 

La señora Juez de Garantías que decidió la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, a pesar de saber que  la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había definido cual norma era el estatuto procesal aplicable, en el caso del expresidente, para mejor proveer, como se dice en el argot judicial, acudió a la instancia superior, la Sala Plena de la Corte, la cual confirmó la decisión consultada.

 

Esa decisión deja fuera de cualquier duda e interpretación sofística de la defensa del senador Cepeda, y reafirma y super sustenta la decisión de conceder la libertad al gran colombiano.

 

Pero por encima de cualquier consideración, inclusive la de la satisfacción personal del Dr. Uribe y de sus correligionarios y los colombianos de bien, el aleluya, la hosanna y el hurra son porque todavía hay justicia recta y cumplida en la Colombia sojuzgada y maltratada, por jueces que prefieren ser militantes de un grupo político, antes que honrados administradores, sabios y probos de la justicia que, sin duda, es el más sólido basamento de la verdadera y duradera paz, a la que  todos aspiramos, como miembros de una sociedad civilizada.

  

 LOS INTERESES CREADOS

 

Por Peloecaña

 

Tomo del prólogo de la obra de Don Jacinto Benavente las siguientes frases:

 

"He aquí el tinglado de la antigua farsa...Es una farsa quiñolesca, de asunto disparatado. Sin realidad alguna. Pronto veréis como cuanto en ella sucede no sucede, no puede suceder nunca, que sus personajes no son ni semejan hombres y mujeres sino muñecos o fantoches de cartón y trapo, con groseros hilos visibles a poca luz y al más corto de vista".

 

Este introito, para referirme a la "versión" de los congresistas de las farc,  que pretenden endilgarle al secretariado del mismo grupo insurgente haber decidido y ordenado la ejecución del magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado.

 

¡Qué mentira más mal concebida! No se la cree ni el más crédulo de los ingenuos, ni el más opa de los imbéciles.

 

Es una burda y tramposa invención para que los verdaderos autores e inductores del criminal asesinato, sean absueltos por la JEP.

 

Si el evangelista San Juan apareciera por Colombia, sin duda, cambiaría de ubicación la piscina probática y ya no sería en Betzatá, a las afueras de Jerusalén, sino en Bogotá; la JEP, estanque al que acuden, hoy, los ciegos, cojos, tullidos y leprosos morales para ser sanados por la acción taumatúrgica de ese tribunal ad hoc, confeccionado a la medida y talla de la guerrilla, para vestirlos con el manto de la impunidad.

 

Dice la ley 1922 de 2018, en su artículo 11º, parágrafo 1: "La Justicia Especial para la paz será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer conductas delictivas cometidas por causa y ocasión o relación directa  o indirecta con el conflicto armado, por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a ésta en los términos de la ley estatutaria, de la Administración de Justicia, en la Justicia especial para la Paz".

 

Todos tenemos claro, sin duda alguna, que el magnicidio cometido en la persona del doctor Álvaro Gómez Hurtado no fue motivado por asunto alguno relacionado con el conflicto armado colombiano, ocurrido entre el Estado y la guerrilla de las farc, y al que el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón pretendió bendecir con los nefandos acuerdos de La Habana, los cuales no pasaron de ser un catálogo de malas intenciones entre los firmantes, pero que el pueblo colombiano impidió su nacimiento y vigencia, gracias al resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016.

 

Sabemos, de igual manera, que el doctor Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por haber dirigido todos sus esfuerzos y su solvencia moral e intelectual a defenestrar el régimen de Ernesto Samper Pizano, por su origen eminentemente narcotraficante, ya que le vendió el resultado electoral de su elección presidencial al cartel de Cali, como quedó demostrado, hasta la saciedad, en el proceso 8.000.

 

"A partir del lunes 31 de julio de 1995 y hasta el día en que lo mataron, Álvaro hizo de los editoriales del Nuevo Siglo su trinchera, desde la cual disparó incansablemente contra la permanencia en el poder del presidente Ernesto Samper".

 

Esta afirmación contundente e incontrastable hecha por su hermano, el doctor Enrique Gómez Hurtado, en su libro "Por qué lo mataron", es prueba irrefutable de que su muerte nada tuvo que ver con el conflicto armado Estado Colombiano- guerrilla.

 

Primera conclusión: La JEP no tiene competencia para conocer del tema. Así de simple.

 

La versión de los congresistas de las farc ante la JEP acerca de la autoría intelectual del magnicidio es improcedente e impertinente, por falta de competencia de la Justicia especial para la Paz, para conocer del asunto.

 

Pero esa confesión, además, está envenenada, trucada, llena de dolo, de plena intención de impunidad.

 

Si el doctor Álvaro Gómez Hurtado fue sacrificado en noviembre de 1995, es obvio deducir que su muerte fue ordenada e inducida por el secretariado de las farc, entre la fecha de terminación del proceso 8.000 y la ejecución del magnicidio.

 

Veamos la torcida y criminal intención de esa versión:

 

El secretariado de las farc estaba integrado entonces por: Tiro Fijo, Efraín Guzmán, Alfonso Cano, el Mono Jojoy, Raúl Reyes e Iván Rincón, todos muertos.

 

Entonces, si la JEP acepta la versión amañada, no le queda sino un solo camino, aplicar el artículo 77º del Código de Procedimiento Penal que establece que la acción penal se extingue con la muerte del inculpado; en este caso concreto, los inculpados, y si lo hace la Jep, como esperan los encubridores denunciantes, la conclusión es obvia, quedan limpios de culpa y fuera de toda sospecha y también fuera de la investigación los hasta ahora presuntos responsables del magnicidio. 

 

¡Qué trama más burda y repugnante, pero propia de sus beneficiarios!

 

Y, desde luego, la JEP no podrá procesar a los encubridores congresistas que, sin duda, han incurrido en conducta típica punible, porque todos son aforados y, en consecuencia, tienen un juez especial.

 

Ese cuento no se lo cree nadie. No comulgamos con ruedas de molino.