LA  RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Por Peloecaña

Como siempre, una vez más tiene razón el Dr. Jesús Vallejo Mejía, en su análisis que tiene que ver con la reconstrucción nacional;  a Colombia le quisieron arreglar la cara, los senos y las nalgas, y para eso buscaron un tahúr, que se creyó cirujano plástico y éste contrató un equipo de guerrilleros que dijeron ser albañiles, expertos en mejorar fachadas. 

Pero como no se trataba de cañar ni de mero pañete, el resultado final fue parecido a la obra de Frankestein, tornillos en el cuello, cabeza deforme, manos y cuerpo desproporcionados, movimientos robóticos,  meros sonidos guturales que nunca pudieron ser palabras.

Imagínense por un momento, a Timo, Márquez, el nuevo miembro del santoral, San Trich, y toda su gallada, terminando la obra inconclusa, de Gaudí, concluyendo la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, con ayudantes, como De la Calle, Jaramillo, Mora Rangel, Oscar Naranjo, Álvaro Leyva y toda esa cáfila de especímenes en vía de extinción, que tanto han hecho por la destrucción de Colombia.

Ni el contubernio repugnante y asqueroso entre los prelados proclives a las FARC, con el nuevo cardenal  marxista y el guerrillero pseudoinvidente, ni la sumisa actitud del gobierno y la administración judicial, ni los parlamentarios cómplices prevaricadores, de la mesa de unidad nacional, ni los candidatos que ven con buenos ojos la toma del poder por la izquierda subversiva, podrán adecentar ni hacer viable jurídicamente los Acuerdos de La Habana.

Iban a nacer contaminados, siempre fueron inviables y jamás vieron la luz, de acuerdo con los cánones de la institucionalidad y el respeto al Derecho y a la Constitución y a las leyes.

Hay circunstancias tan contundentes y protuberantes que por más esfuerzos que hagan el Presidente de la República, la guerrilla y los áulicos de los dos, jamás podrán ser ignoradas.

En primer lugar, la falta de personería de la insurgencia firmante de los fementidos acuerdos, porque según elementales normas de Derecho Internacional, acatadas y respetadas por todos los Estados, menos por el Gobierno Colombiano, las FARC nunca han sido sujeto del Derecho Internacional Público y, por ende, no pueden firmar pactos ni tratados ni nada parecido, que tengan carácter vinculante. 

Los Tratados Internacionales son contratos del Derecho Internacional Público,  inherentes a relaciones internacionales entre Estados.

Los Acuerdos o Convenios Internacionales son pactos entre Estados, acuerdos de voluntades; más que tratados son, por así decirlo, "compromisos de honor" inter partes, del orden jurídico internacional, que pretenden colaborar con la solución a diferencias surgidas en el campo del Derecho Internacional.

Entonces, lo primero que hay que demostrar para firmar "compromisos de honor" es tener honor.

La denominación de Tratados Internacionales se equipara a un Acuerdo Internacional cuando produce efectos jurídicos internacionales.

El derecho Internacional Clásico reconocía como sujetos únicos de Derecho Internacional Público a los Estados, pero actualmente, los doctrinantes en la materia han ampliado el concepto clásico de sujetos del Derecho Internacional Público, incluyendo a entidades como la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la Soberana Orden Militar de Malta, los pueblos que luchan por su liberación, doctrina que no fue más que una aspiración y que no tiene aceptación total.

Así las cosas, las FARC no pueden recibir el beneficio de ser homologadas como Estado, para que se pareen con el Estado Colombiano.

En eso consiste la figura jurídica de la ausencia de personalidad para tener representatividad en cualquier causa judicial, nacional o internacional.

Otro hito  que esta ahí, y que permanece y permanecerá para la historia, es la decisión institucional de consultar con el pueblo la viabilidad y vigencia de los fementidos acuerdos.

El Presidente de la República, prevalido de su poder omnímodo y de la capacidad de compra a los electores, en un alarde de demagogia, quiso someter esa entrega indigna y humillante de La Habana, al escrutinio de las gentes y, ¡oh sorpresa!, contra todo pronóstico y toda evidencia, su propuesta fue derrotada en un plebiscito memorable que le dijo NO a los Acuerdos de La Habana, pacto  entre el gobierno felón y la guerrilla narcotraficante, terrorista y violadora de las más elementales normas del Derecho Internacional Humanitario.

Esas dos circunstancias científicas, desde el punto de vista jurídico, significan, ni más ni menos, que el Estado Colombiano, como ente jurídico, no está ligado a ningún acuerdo espurio e inexistente. 

Entonces, al próximo Presidente de Colombia, Dr. Iván Duque Márquez, le corresponde poner la casa en orden y, desde luego, empezar, de inmediato, la reconstrucción moral e institucional de la República.