COMO EL AGUA Y EL ACEITE

Por Peloecaña

Quiero invitar a proferir juicio a quienes me honren con su lectura acerca de  un tema, por lo manido, casi siempre ignorado.

Todos los días oímos opiniones de  tirios y troyanos sobre la justicia mediática o sobre la justicia política, o sobre las dos juntas, ambas sesgadas y jamás justicia.

Cuando la Constitución, en sus artículos 174° y 175°, otorga al Senado funciones judiciales: "Conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República..." y en el artículo 178°, numeral 3., inviste a la Cámara de funciones propias de la Fiscalía, "Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la República...", está involucrando al Congreso en el ejercicio de funciones judiciales; es decir,  lo obliga a administrar justicia.

De todos es conocida la ineficacia  de la Comisión de Acusaciones cuando de administrar justicia se trata, porque sus miembros y esa célula son, por antonomasia, personas y organismos políticos y sus juicios también son políticos.

Recordemos cómo, ayer no más, a pesar de las pruebas contundentes en su contra, el Senado absolvió al entonces presidente, Ernesto Samper, por la financiación delictual de la campaña, que lo llevó en mala hora a la presidencia de Colombia, circunstancia que motivó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

La absolución se dio porque los jueces colegiados le torcieron el cuello a la justicia y profirieron por mayoría un fallo político. Este es una prueba patética de que la verdad no debe ser sometida a votación.

Y queda demostrado, también,  que cuando el veredicto del juez o de los jueces es político se lleva por delante a la justicia, con gravísimo perjuicio al individuo, a la sociedad y a la juridicidad.

El Partido Comunista Colombiano, con paciencia santista de tahur y con audacia evidente, en las propias narices de los no marxistas, se apropió de la Administración de Justicia y todos los días, y con frecuencia lacerante, produce fallos políticos, hijos de juicios también políticos y  la mayoría de legisladores que no son marxistas, con indiferencia inaudita, hacen mutis por el foro, en un alarde de completa renuncia al instinto de conservación.

El Presidente Obama hoy busca aliados para destruir la influencia dañina del fanatismo islámico y los detentadores del poder; en la muy pronto inviable Colombia, se solazan permitiendo la politización de la justicia.

Esta politización ha encontrado un aliado eficacísimo en los medios de comunicación, cuya existencia va camino a extinguirse, junto con la tan cacareada libertad de prensa, como sucede allende las fronteras, en la hoy martirizada tierra del Libertador.

Es ahí cuando vendrán el crujir de huesos y el rechinar de dientes y recobrará vigencia el reclamo de la madre de Boabdil el moro cuando perdió Granada: "Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre".

A comienzos del Siglo XX ocurrió un episodio judicial que sacudió las estructuras sociales e institucionales de Francia: el caso Dreyfus.

En el suceso citado, las autoridades militares francesas, azuzadas todos los días por la prensa libre de ese país, en un proceso que ha sido vergüenza para los franceses, condenaron a un inocente, el Capitán Dreyfus, con pruebas falsas, documentales y testimoniales, con el ejercicio abusivo y torcido del poder de la justicia.

El caso Dreyfus conmovió a la sociedad francesa y fue la justicia ordinaria, con la irrupción en la palestra de ese gran escritor y periodista, Emil Zola, quien reivindicó a Dreyfus, a la justicia de Francia y a la prensa que hasta entonces había fungido de juez mediático equivocado y, desde luego, injusto.

El otro caso, es el de El Proceso de Nuremberg, tribunal que se reunió en esa ciudad Alemana, para juzgar en derecho a todos los sindicados de consumar la hecatombe de Europa, el exterminio de los judíos y el atropello a la paz y a los derechos humanos.

La Corte de Nuremberg estuvo integrada por jueces rusos, franceses, ingleses y americanos, y el proceso contra los reos de lesa humanidad culminó, después de la observancia rigurosa del debido proceso y de plenas garantías para los acusados, con algunas absoluciones, con pena capital para otros, con sentencias a cadena perpetua para algunos y con pérdida temporal de la libertad para otros.

En Colombia, después de la toma del Palacio de Justicia, por presiones del M19, los delincuentes que realizaron la toma, se creó con plenas funciones jurisdiccionales la Comisión de la verdad, integrada por exmagistrados y personas de reconocida solvencia moral y jurídica, estudiaron todas las circunstancias del caso y profirieron sentencia final.

No obstante, a pesar del compromiso de las autoridades a respetar las decisiones de esa Comisión y a cumplir  su veredicto, se incumplió lo acordado y se dio paso a la justicia política, a la justicia marxista y por eso está patente la presencia del Dreyfus Colombiano, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, sin que hasta ahora haya estado presente la contundencia de otro Emil Zola; no por falta de voces que condenen la injusticia, sino porque el brazo de la justicia marxista ha hallado magistrados tan corruptos como los militares que condenaron al francés.

Y en cuanto a la corte de Nuremberg, al Estado colombiano y a quienes lo dirigen les ha parecido más cómodo una mesa de diálogo en la Habana que una Corte en la Patria adolorida que repita el proceso de Nuremberg, contra quienes han causado tanta depredación y tanta infamia.

Por eso, la justicia y la política de partido siempre serán como el agua y el aceite.

15 de septiembre de 2014