CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Por  Peloecaña

Hay evidencias insoslayables que me permiten barruntar que la actitud de la Fiscalía de Colombia es turbia y sesgada; en el caso concreto de su negativa a declarar crimen de lesa humanidad el asesinato del Doctor Álvaro Gómez Hurtado.

Las normas del derecho internacional, tratados y convenciones dicen cuando ha de darse esta calificación a determinados delitos; la legislación colombiana hace lo propio, fundamentada en dichas normas.

La Fiscalía, aplicando esa normatividad, decidió encuadrar en esa categoría la de crimen de lesa humanidad el sacrificio criminal de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla y los asesinatos de los miembros  de la Unión Patriótica.

No entiendo la dificultad de hacer lo propio con el vil asesinato del Dr. Álvaro Gómez Hurtado; y si, en criterio del ente investigador y acusador de los procesos penales, no se dan las mismas circunstancias y exigencias legales que se han presentado en los precitados otorgados, ¿por qué no lo declara así, determinando eso sí las diferencias objetivas, nítidas, diáfanas y con sustento jurídico sólido e incontrastable, entre los aceptados y el caso hasta ahora dilatado e inaceptable?

El artículo 13 de la Constitución, que consagra la igualdad de la personas ante la ley, no le permite a la Fiscalía hacer suya una excepción inexistente e imposible, moral y jurídicamente de desigualdad, en circunstancias de opinión política diferente.

Por ahí escribió en la revista Semana, hace días, un opinador que paradójicamente se apellida igual que el nunca bien lamentado doctor Gómez Hurtado, que el afán de la familia del ilustre asesinado sólo pretendía la declaración de lesa humanidad, para que la acción penal no prescribiera y no perdiera su derecho a la indemnización económica.

¡Qué mezquindad tan repugnante, qué radiografía moral tan patética de quien así opina! ¿Acaso pretende que los herederos de Galán o de Lara Bonilla solamente pensaban en cobrar una indemnización económica, por la valoración de los perjuicios morales que les fueron inferidos?; ¿o lo mismo esperan los perjudicados morales por el asesinato de los militantes de la UP? ¡Ni que estuvieran asistidos por el Colectivo de abogados Alvear Restrepo!

Es al  expresidente Samper  y es al senador Serpa a quienes les interesa poner a andar su fiscal de bolsillo, para que  la acción penal no prescriba, si tan seguros están de su inocencia frente a las inculpaciones de “Rasguño” y de otros muchos, traídas a colación por María Isabel Rueda, de manera tan valerosa, puntual y nítida.

Lo peor que le puede pasar a cualquier persona que presume de su honestidad y que quiere contarse entre los ciudadanos de bien es que lo declaren inimputable por prescripción y más cuando la prescripción es impulsada y perpetrada por el funcionario investigador.

25 de noviembre de 2014