INTENTO DE SOLUCIÓN A LA CORRUPCIÓN

Por Peloecaña

La corrupción es tan vieja como la humanidad; de ello hay registros en toda la historia.

Siendo Senador por el movimiento conservador, Nueva Fuerza Democrática, mi amigo Eduardo Pizano de Narváez fue uno de los parlamentarios más preocupados por el auge de la corrupción en Colombia y se propuso aportar algo para contenerla.

Conocedor de los desvelos que en su ánimo producía tan nefando flagelo, intenté aliviar sus preocupaciones,  le propuse que presentara una solución concreta, consistente en la muerte civil para los corruptos. Seguramente los corruptos de entonces eran tan poderosos como los de hoy, pero no tan desaforados; por eso tal vez mi propuesta no prosperó.

Si el colectivo de amigos de la limpieza y transparencia, en el ejercicio del poder en sus tres ramas, quieren reducir la corrupción a magnitudes manejables y meterla en cintura, deben proponer, sin dilaciones, la muerte civil para los corruptos, servidores públicos y personas particulares, contratistas de obras públicas, proveedores de bienes y servicios para todas las agencias estatales.

Hay que consagrar en la ley de contratación administrativa, a nivel de la Administración Central, Regional y Local, lo mismo para el ámbito descentralizado, la prohibición perentoria y expresa para todos las personas naturales y jurídicas que contratan con el Estado, de aportar el valor de un solo peso, en dinero o especie, para las campañas electorales de todos los candidatos a cargos de elección popular, prohibición que llevará implícita la imposibilidad de contratar a quienes decidan aportar y la nulidad de los votos obtenidos por  los candidatos beneficiarios  de esos aportes prohibidos.

En teoría es fácil, dramáticamente fácil, pero mientras el régimen tenga vigencia y nos sigan imponiendo el texto conocido y clandestino de los Acuerdos de La Habana, que pende como verdadera espada de Damocles sobre la sociedad colombiana, todo será quimérico e incierto.

Por eso debemos ganar el poder, todo el poder en los próximos comicios, para volver trizas esas cláusulas que constituyen el malhadado acuerdo, y volver a la institucionalidad pisoteada ante el estupor general.

En octubre de 2016, el nuevo gobernante peruano dictó, en uso de facultades especiales otorgadas por el Congreso del país vecino, un decreto para instaurar y reglamentar la muerte civil de los servidores públicos corruptos.

Colombia necesita una normatividad especial aplicable a todos los corruptos, sean o no agentes del Estado, pero cuando el presidente Santos recibió esas facultades delegadas, las ejerció para fortalecer la corrupción e instaurar la impunidad, todo en nombre de la paz fementida que su gobierno quiere imponer, a nombre de Cuba y sus epígonos criollos, empezando por el propio mandatario y sus adláteres de la guerrilla.  

Por eso es imperativo categórico la consolidación de la Gran Alianza por Colombia.