EL  FALLO EN LAS URNAS DEL  PLEBISCITO DEL 2  DE OCTUBRE DE 2016 TIENE PLENA VIGENCIA

Por Peloecaña

El 24 de  julio de 1956, los señores expresidentes Laureano Gómez Castro y Alberto Lleras Camargo, reunidos en Benidorm, España, hicieron pública una declaración para informarle a Colombia que iniciaban el proceso de restauración de la democracia en el país, demolida por la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla; esos diálogos continuaron durante casi un año después y el 20 de julio de 1957 se finiquitaron los acuerdos en Sitges en el Mediterráneo español.

El colofón de esos acuerdos, una vez depuesto el dictador, el 10 de mayo de 1957, fue la expedición del decreto número 247 del 4 de octubre de 1957, por el cual se convocó al país a elecciones para reformar la Constitución; esa fue una reforma plebiscitaria, expedida por voluntad popular el primer domingo de diciembre del mismos año.

Nunca los doctores Gómez y Lleras pretendieron cambiar el resultado del plebiscito, a pesar de su preeminencia reconocida y probada. Siempre entendieron que la voluntad popular era inalienable y la respetaron sin rechistar. 

Desde luego, el plebiscito tuvo contradictores en los dos partidos tradicionales, pero hasta el dictador depuesto se acogió a él para pretender reinstalarse en el poder.

Casi 60 años después se repite la historia, pero al revés.

El presidente constitucional quiso formar yunta con la subversión, para instalarla en el poder, y consciente de la dificultad para obtener sus pretensiones, en contubernio vergonzoso con la clase política de su partido y de otros partidos, construyó unas mayorías prevalido de la condición de prepagos de los congresistas en venta.

Fue así como se cambiaron las reglas del juego, para facilitar la entrega del Estado a la guerrilla, y lo que nunca fue un tratado público o un acuerdo con carácter de tratado, por ausencia de personería de las FARC como sujetos de Derecho Internacional Público, firmaron los Acuerdos de La Habana, y el Gobierno de Santos, equivocado en sus cálculos, creyó conseguir la aprobación popular de los acuerdos clandestinos, convocando a un plebiscito que de antemano consideró aprobado.

Pero la vocación democrática secular de los colombianos una vez más fue confirmada y, contra todo lo esperado, el SI del respaldo al plebiscito fue derrotado el 2 de octubre de 2016 y la única consecuencia de ese resultado es la inexistencia de tales acuerdos, como lo reconocieron los voceros del gobierno en La Habana, doctores De la Calle y Jaramillo.

Pero lo que ni siquiera fue vislumbrado por los doctores Gómez y Lleras de renegociar con el General Rojas Pinilla el nacimiento del Frente Nacional, sí se les ocurrió y lo ejecutaron los doctores que  se sentaron a manteles con el más traidor de todos los colombianos, el Presidente Santos, para darle viabilidad a un nonato, el acuerdo de paz de La Habana.

¿Cuál es el sustento constitucional o legal que les otorga esa facultad inexistente a quienes festinaron el resultado triunfal del plebiscito del 2 de octubre de 2016?

Por el contrario, el articulo 104º de nuestra Constitución habla de la potestad del Presidente de la República para consultar al pueblo de decisiones de transcendencia nacional y señala de manera inequívoca "...La decisión del pueblo será obligatoria..." 

¡Basta ya  de más equivocaciones graves!, siempre en detrimento de la salud de la Patria.