jueves, 25 de agosto de 2016





REVIVAMOS NUESTRA  HISTORIA

Por  Peloecaña

Una cosa es enterarnos por los libros de texto y por nuestros maestros de que Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 llegó a América cuando, patrocinado por Don Fernando de Aragón y Doña Isabel de Castilla, buscaba una camino más corto para arribar a la India; o que don Alonso de Ojeda colonizó a la Guajira; o  que don Pedro de Heredia y Don Rodrigo de Bastidas fundaron Cartagena y Santa Marta; o que Don Gonzalo Jiménez de Quesada fundó a Santa Fe de Bogotá y Don Sebastián de Belalcázar fue el fundador de Popayán y Cali, y otra bien distinta haber sido testigo de los hechos del proceso 8.000 y del juicio al Magistrado Jorge Pretelt.

Todos los colombianos mayores de 35 años fueron testigos de los dos episodios y todos los colombianos nacidos en el siglo XXI son testigos del último.

No había trascurrido una semana después de las elecciones presidenciales que dieron como resultado la elección de Ernesto Samper Pizano, como Presidente de Colombia, año de 1994, cuando el candidato derrotado, Dr. Andrés Pastrana Arango, entregó personalmente al Presidente en ejercicio, Dr. César Gaviria Trujillo,  un casete que contenía la grabación de una conversación telefónica entre el periodista  Alberto Giraldo y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los dos capos del cartel de narcotraficantes de Cali.

En dicho documento se hacía evidente y  patético el financiamiento de la campaña de Samper por los hermanos traficantes de cocaína, por entonces el primer  cartel mafioso de Colombia. 

El Presidente Gaviria hizo entrega de la grabación al Fiscal General de la época, Gustavo de Greiff, quien se abstuvo de abrir la investigación criminal correspondiente.

El sucesor de De Greiff en la Fiscalía General de la Nación, Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, primo hermano del inmolado Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento, hizo público el contenido de la grabación que revelaba la connivencia criminal entre Samper y los Rodríguez Orejuela, el 20 de junio de 1995, un año después de las elecciones y, con un sustento probatorio sólido, denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al Presidente Ernesto Samper Pizano.

El 27 de febrero de 1996, el Presidente de la Comisión de Acusaciones, Representante Heyne Mogollón, le dio trámite a la denuncia del Fiscal Dr. Valdivieso y, en una decisión sin precedentes, por unanimidad, la Comisión encontró mérito para acusar ante la plenaria de la Cámara al Presidente de la República.

No obstante, y gracias a la conducta prevaricadora de la mayoría de los parlamentarios, Samper fue absuelto el 6 de julio de 1996.

El 28 de febrero de 2015, el Ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira, hoy Fiscal General de la Nación, solicita de la misma célula congresional, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, investigar la denuncia del Magistrado de la Corte Constitucional, Dr. Mauricio González, por actos irregulares y de pronto delictivos cometidos en esa altísima corporación judicial.

El 20 de marzo de 2015, la Comisión de Acusaciones, abre investigación formal contra el Magistrado Pretelt, por haber incurrido presuntamente en el delito de concusión, en cuantía de 500 millones de pesos. 

El 3 de junio de 2015, el Representante Investigador del caso Pretelt, Julián Bedoya, es recusado por el abogado del acusado, Dr. Abelardo de la Espriella. 

El 16 de septiembre de 2015, el Representante Bedoya radica el auto de acusación contra el Magistrado Pretelt.

El 5 de noviembre el auto acusatorio es votado y aprobado en la Comisión de Acusaciones y pasa a la Plenaria de la Cámara.

El 15 de noviembre del 2015, la Plenaria de la Cámara aprueba el proyecto acusatorio del caso Pretelt,  y éste pasa al Senado.

Lo que sigue es tan reciente y lo sucedido está tan fresco que no vale la pena rememorarlo. El Magistrado Pretelt fue hallado culpable en el Senado y su juicio jurídico ha de conocerlo la Corte Suprema de Justicia.

Bien vale la pena comparar los dos procesos; el adelantado contra el Presidente Ernesto Samper por haber financiado su campaña electoral, que lo llevó a la Presidencia de la República, con dineros del narcotráfico, y el seguido al Magistrado Pretelt, que lo llevó a la ignominia y a la situación de indignidad que hoy lo avergüenza.

El Presidente Samper, a pesar de su culpabilidad demostrada hasta la saciedad, fue declarado inocente por una Cámara de Representantes que no tuvo en cuenta las pruebas en contra del sindicado y le torció el curso a la historia y a la verdad probatoria y llenó de infamia  a la institucionalidad democrática de Colombia.

Contrario sensu, el Magistrado Pretelt fue declarado culpable a pesar de no existir prueba alguna que demostrara su culpabilidad y también, una vez más,  se demostró la insolvencia moral de sus jueces políticos.

El Presidente Samper era y es un destacado jefe liberal; el Magistrado Pretelt es un anodino militante del Partido Conservador, pero un destacado jurista de la costa caribe colombiana.

Al presidente Samper lo auparon los más connotados narcotraficantes del cartel de Cali; al Magistrado Pretelt lo postuló  a la magistratura el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Al Presidente Samper lo absolvió la crema y nata del régimen; al Magistrado Pretelt lo condenó también la crema y nata del régimen.

Los jueces de los dos procesos políticos de las dos causas fueron consecuentes con su patrocinadores, los dos epígonos del régimen, los Presidentes Samper y Santos.

Al presidente Samper lo acusó el Fiscal Valdivieso Sarmiento y al Magistrado Pretelt el Fiscal Montealegre; siempre habrá diferencias abismales entre los dos.


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