EL  BARRIL DE LOS PUERCOS

Por Peloecaña

En los estados del sur de Norteamérica almacenaban en toneles de madera la carne de cerdo que los negreros destinaban al alimento de los esclavos, en sus haciendas y granjas.

Esa carne a veces sus destinatarios debían consumirla descompuesta, dada su condición de siervos sometidos a la esclavitud, más repugnante y denigrante de una sociedad en la que no se sabía quienes eran más siervos, si los blancos, víctimas de su ignominiosa afrenta a sus congéneres, o los afrodescendientes sometidos por la fuerza y a base de puro látigo, al tratamiento indigno y censurable que su patronos y propietarios y caporales les daban; hasta que se rebozó la copa y explotó la guerra de secesión.

Hoy en pleno siglo XXI, Colombia sometida al más ominoso de los regímenes, gracias a la alianza vergonzosa pactada entre el gobierno que preside Santos y las guerrillas marxistas leninistas de las FARC, se repite la historia, siendo los negreros los firmantes de los pactos que todos condenamos y el látigo lo manejan a discreción, parlamentarios a sueldo del binomio siniestro Santos-FARC, y los magistrados contratados a propósito, para los mismos menesteres, golpear y fustigar a todo el pueblo colombiano.

La diferencia es hoy, que la carne descompuesta del Barril de los Puercos no es para los siervos de color, es para los prepagos y agentes circunstanciales del régimen, estén donde estén, en el Gobierno, en el Congreso o en la Administración de Justicia, en los medios de comunicación o en los gremios y hasta en la jerarquía eclesiástica de mi Iglesia Católica. Todos consumen carne podrida y reparten mandobles a diestra y siniestra.

Analicemos dos casos repugnantes, bien recientes:

Hace pocos días fue detenido el guerrillero de las FARC Julio Enrique Lemos Moreno, alias "Nader". Está sindicado del secuestro de un  ciudadano norteamericano y pedido en extradición  por las autoridades judiciales de los EE.UU.

El guerrillero detenido en Medellín interpuso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el recurso de Habeas Corpus, por considerar que su captura y detención violaban la ley.

Pues bien, el organismo judicial que conoció ese recurso lo negó, afirmando que no se daban los presupuestos procesales para concederlo.

La misma Sala que así procedió, de manera oficiosa en fallo reciente, ordenó a la Fiscalía General de la Nación la libertad del guerrillero detenido con todas las de la ley.

Este exabrupto jurídico generó la obvia y lógica reacción del Gobierno  Americano, quien a través de su Embajador ante el Gobierno colombiano, señor Kevin Whitaker, el pasado 7 de Junio de 2017, hace apenas dos días, dejó constancia oficial de su descontento y extrañeza por tan grotesca decisión.

En el día de hoy, el presidente Santos le sale al paso a la reacción oficial de los EE.UU. declarando: "Los fallos no pueden ser puestos en tela de juicio por extranjeros".

Se le olvidó al presidente Santos que a los extranjeros que integran la segunda instancia del Tribunal de la Jurisdicción especial para la Paz, venezolanos, españoles y peruanos, sí les está permitido poner en tela de juicio los fallos de la justicia colombiana, modificarlos, revocarlos y aún aplicarles la "reformatio in pejus". ¡Que cinismo tan apoteósico! 

La otra perlita de reciente ocurrencia es también producida por ese pozo sin fondo, de sabiduría jurídica, que es el Presidente de la República que cerró con broche de oro el uso de sus facultades extraordinarias, expidiendo un decreto con fuerza de ley que permite el más monumental lavado de activos, de la guerrilla, creando una institución cooperativa que adecente todos los dineros de las FARC, provenientes del narcotráfico,  los secuestros y la extorsión,  el abigeato y la expoliación de tierras.

A pesar de la oportuna intervención de la Fiscalía, para alertar al gobierno de tamaño despropósito y evitar su consumación, éste también le mamó gallo al país, repitiendo el episodio del desconocimiento del resultado del plebiscito del 2 de octubre pasado.

Al señor Fiscal General de la Nación no le queda sino una opción: acusar a todos los intervinientes en la redacción y expedición de ese decreto de reos de apología del delito, auscultando la posibilidad del encubrimiento y la complicidad de esas conductas evidentemente punibles, cometidas por las FARC y sus congéneres guerrilleros.